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México

Jueves 27 de Febrero de 2014.- Organizaciones sociales de México y Canadá exigieron a las autoridades federales y estatales la aplicación de medidas cautelares a favor de integrantes de la asociación ambientalista Bios Iguana y del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan ante las amenazas de muerte que han recibido por en la lucha que libran contra la explotación de una mina de oro en esa comunidad ubicada en el municipio de Comala.

En un comunicado, las agrupaciones responsabilizan de esa situación a la delegada de la Procuraduría Agraria, María Elena Díaz Rivera, quien, mediante “acusaciones infundadas” realizadas públicamente, “puso en riesgo la vida” de los miembros del grupo ecologista y de los comuneros de Zacualpan que se oponen al proyecto minero.

Asimismo, demandaron la intervención del gobernador Mario Anguiano Moreno; del procurador agrario, Cruz López Aguilar; del presidente municipal de Comala, Braulio Arreguín Acevedo, así como de las comisiones nacional y estatal de derechos humanos, y otras instancias.

Entre las instituciones que expresaron su respaldo a los activistas colimenses se encuentran las siguientes: Mining Watch, de Canadá; el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (Imdec), la Red Mexicana de Afectados por la Minería, la organización Otros Mundos, de Chiapas; la coordinación nacional de la corriente Patria Digna, del PRD, y la dirigencia estatal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

En el comunicado, señalaron que Díaz Rivera ha acusado a los miembros de Bios Iguana de exigir dinero a los comuneros, de desestabilizar a Zacualpan a través de la introducción de personas de otros lugares del país como Oaxaca, Michoacán y Guerrero, además de poseer “sembradíos” en el cerro, entre otros supuestos delitos.

Esta situación, indicaron las organizaciones sociales, ha generado un ambiente hostil contra los representantes de Bios Iguana y del Consejo Indígena en Defensa del Territorio de Zacualpan, como Esperanza Salazar Zenil, Jonathan Ochoa Hernández, Gabriel Martínez Campos y Jesús Santos Quirino, quienes han sufrido agresiones y amenazas de muerte de parte Carlos Soule, empleado de la Procuraduría Agraria; de Rubén Guzmán Aranda, hijo del recién depuesto comisario municipal de Zacualpan, y de Rigoberto Verduzco Rodríguez, empresario promotor del proyecto minero.

De acuerdo con el Imdec, lo que el grupo Bios Iguana ha hecho es “apoyar con información sobre sus derechos agrarios a los comuneros, pese a la delegada y su vinculación con los intereses empresariales y con una minoría que pretende imponer su voluntad contra la mayoría de los comuneros, por lo que en la Asamblea han decidido destituir al comisariado de Bienes Comunales, Carlos Guzmán Teodoro”.

La agrupación Otros Mundos hizo responsable de las agresiones de que son objeto los miembros de Bios Iguana y los comuneros de Zacualpan, al gobierno de Colima, que tiene conocimiento de los hechos, a la delegada de la Procuraduría Agraria y al excomisariado de Bienes Comunales de la comunidad.

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), por su parte, indicó que la delegada de la PA, “con sus mentiras y declaraciones irresponsables y ambiguas no sólo transgrede sus funciones públicas y excede sus facultades sino que además, junto con la solicitud de la fuerza pública en territorio comunal indígena para amedrentar a los comuneros, ya está poniendo en riesgo la seguridad física y moral de los defensores de los derechos humanos”.

Las organizaciones integrantes de Rema avalaron “el excelente trabajo que Bios Iguana ha venido realizando desde hace veinte años en el estado de Colima por los derechos humanos y el medio ambiente, razones por las cuales hacemos público nuestro reconocimiento y solidaridad a la organización ante las difamaciones en su contra por parte de la Procuraduría Agraria, que son una muestra más de agresión a defensores de derechos humanos y a activistas preocupados por detener la devastación ambiental y social que el modelo extractivo minero está generando en nuestro país”.

Por su parte, la corriente perredista Patria Digna, que encabeza el exsenador Carlos Sotelo García, se solidarizó también con “la justa lucha de los pobladores de Zacualpan, Colima, y de integrantes de la organización Bios Iguana” y anunció que promoverá en las cámaras del Congreso de la Unión “demandar el cese de la represión y la sanción contra servidores públicos federales y locales involucrados en estos actos de intimidación contra esta legítima lucha social”.

El dirigente estatal de Morena, Vladimir Parra Barragán, se pronunció contra la criminalización de las luchas sociales y exigió la destitución de la delegada de la Procuraduría Agraria por “la gravedad de los hechos, así mismo la hacemos responsable de cualquier acto, lesión o hecho en contra de los activistas”.

A su vez, en un documento dirigido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con copia para diversas autoridades del país y del estado, la coordinadora del Programa con América Latina de MiningWatch Canadá, Jennifer Moore, urgió a que se implementen medidas de protección para activistas y comuneros con el fin de garantizar su seguridad.

Dijo que durante el seguimiento a diversos conflictos mineros en varias partes de las Américas y de Canadá, esa agrupación ha visto “demasiados casos de violencia y pérdida de vidas como resultado de este tipo de acusaciones infundadas”, como las de la delegada de la Procuraduría Agraria.

“Consideramos que el trabajo de grupos como Bios Iguana es absolutamente vital, especialmente ante la carencia de información previa y adecuada en los pueblos afectados por la minería, y en el contexto de un marco legal que privilegia los grandes intereses económicos sobre los derechos colectivos de quienes tienen que convivir con las tremendas consecuencias de las operaciones industriales mineras”, puntualizó.

Proceso.com.mx

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