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El proyecto apunta a permitir que las generadoras eléctricas se asocien de manera transparente con las comunidades en donde están emplazados proyectos.

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Viernes 26 de Junio de 2015.- Es uno de los proyectos que es parte de la Agenda Energética impulsada por el Gobierno, conocido como Asociatividad apunta a permitir que las generadoras eléctricas se asocien de manera transparente con las comunidades en donde están emplazados proyectos.

En principio estaba pensado que ingresara al Congreso a fines de 2014, y se buscaría instar por la vía legal a que las empresas compartieran un porcentaje de las ventas de energía -o de las utilidades resultantes- con las comunidades aledañas a sus proyectos.

Según la Agenda de Energía, el Gobierno se comprometía a enviar un proyecto de ley de “Incentivos de promoción del desarrollo local asociado a proyectos energéticos”, en una fecha a definir dentro del año pasado, y en cuya definición participarían también el Ministerio del Interior y la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional.

Sin embargo en los últimos días las cosas han cambiado y al parecer la iniciativa no seguiría con el rumbo previsto en un principio. El director de la División de Participación y Diálogo Social del Ministerio de Energía, Javier Zulueta, reconoció que el Gobierno descartó esta opción, por considerar que se corre el riesgo de monetarizar la relación entre las empresas y las comunidades, lo que va en contra de la idea original del Ejecutivo.

“Inicialmente nos pusimos un poco monetaristas y avanzamos en distintas alternativas que eran fijar un monto fijo por MW generado o inyectado o un porcentaje de la inversión, pero a poco andar y al desarrollar las mesas de trabajo con los distintos actores nos dimos cuenta de que si monetarizamos la discusión nos va a ir mal, porque cada vez que se monetariza el desarrollo local, nos va mal”, dijo Zulueta a Diario Pulso.

Zulueta agregó que una vez que se llegó a esa visión se decidió cambiar el foco. “Empezamos a apostar por desarrollar fórmulas que promuevan el desarrollo local, donde podamos propiciar el diálogo temprano de los proyectos. Hemos impulsado planes de desarrollo a nivel local, y hemos propiciado el desarrollo de estándares participativos de desarrollo de proyectos, donde los proyectos de generación y transmisión tengan claro cómo llegar, cuándo llegar, cómo conversar y sobre todo nos ponga a nosotros como Estado un rol protagónico a la hora de acompañar esas discusiones, ser garantes, facilitadores del diálogo, mediadores de los conflictos, para que cuando éstos aparezcan hayamos generado las confianzas a tiempo con los distintos actores”, añadió.

“Antes hablábamos de una ley de Asociatividad, hoy hablamos de una política de asociatividad”, concluyó.

Con anterioridad el gobierno ya había dado señales de que se podrían producir cambios en la iniciativa.  En enero pasado se decidió aplazar en tres meses el proyecto de ley, Y más recientemente, el propio ministro de Energía, Máximo Pacheco, reconoció que se decidió quitar el pie del acelerador al proyecto.

Por tal motivo la iniciativa se separó en tres: equidad tarifaria, pago de patentes en las zonas donde se ubican los proyectos y asociatividad.

El primero fue anunciado por la Mandataria en su discurso del 21 de mayo y será enviado al Parlamento este viernes. En el pago de patentes en las zonas productoras se avanzará por la vía administrativa (se enviará una ley si se estima necesario, pero hasta ahora se ha avanzado rápido sin necesidad de hacerlo, reconoció Zulueta) y el tercer pilar, el de compartir beneficios económicos, ya no va.

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