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En el marco de EXPOMIN, Alianza Valor Minero presentó Coordinación de Inversiones y Proyecto de Institucionalidad de Diálogo Territorial (IDT). El Subsecretario de Minería, Pablo Terrazas, destacó iniciativas propuestas por la entidad y señaló que “ha trabajado arduamente durante años, queremos aprovechar todo el trabajo que se ha venido haciendo”.

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Jueves 26 de Abril de 2018.-  “El desafío del país es darle certezas a los inversionistas para que lleven adelante estos proyectos (de inversión), pero con igual importancia darle certezas a los ciudadanos para que esos proyectos se inserten adecuadamente en los territorios. Este es el desafío simultáneo que el país tiene que asumir”, dijo el presidente ejecutivo de Alianza Valor Minero, Alvaro García, en el contexto del seminario Minería Sustentable de Expomin 2018.

En la ocasión, García expuso respecto de la propuesta de Alianza Valor Minero en cuanto a una institucionalidad de Coordinación de Inversiones, iniciativa que ha sido adoptada -en parte-  por el gobierno, tras la creación de la Oficina de Grandes Proyectos. García recalcó eso si, que se trata de un desafío simultáneo que también debe otorgar certezas a los ciudadanos respecto del impacto que esos proyectos tendrán en su calidad de vida. “El objetivo último es fortalecer las posibilidades de desarrollo del país, aumentando la inversión y mejorando la calidad de esos proyectos de inversión”, dijo.

“Esta política ha sido elaborada por un amplísimo sector de la población que tiene como objetivo definir políticas de Estado que trasciendan a los gobiernos”, agregó.  Enfatizó en que esta oficina de coordinación tiene como una de sus metas “disminuir radicalmente los tiempos de trámite de los grandes proyectos”. Por otra parte, en paralelo, es necesario “crear una institucionalidad que apoye el diálogo y que permita la adecuada inserción de estos proyectos de inversión en los territorios donde opera, y por esa vía evitar los conflictos”, dijo.

La estructura propuesta por Valor Minero contempla una oficina que se constituiría en ventanilla única para los grandes proyectos. Se encargaría de gestionar los proyectos y de informar a los titulares de los estándares y requisitos; en tanto, supervisaría los tiempos y realizaría el monitoreo en línea y transparente de los procesos. La gobernanza incluye una comisión intergubernamental, en la cual participan los subsecretarios de las carteras que otorgan permisos y todas las reparticiones cuyos sectores solicitan permisos. Esa comisión es responsable de supervisar el cumplimiento de plazos. Incluye una secretaría ejecutiva que otorgaría el soporte técnico al trabajo de comisión. “Otra función es introducir mejoras al sistema, cumplir labores de transparencia y constante cuenta pública de cómo opera el sistema”, añadió.

Por otra parte, la gerenta del proyecto IDT, Danae Mlynarz, se refirió a la iniciativa de Institucionalidad de Diálogo Territorial. Sostuvo que para disminuir las brechas sociales en Chile es clave la inversión, pero también compartir los beneficios con las comunidades. “Hemos hecho un trabajo participativo, con un directorio multiactor para ir avanzando en el diseño de esta política pública”, enfatizó. Sostuvo que la propuesta se sustenta en una mesa de diálogo -entre la comunidad, la empresa, el gobierno local y los servicios públicos-  como un mecanismo de participación durante todo el ciclo de vida de un proyecto. Esta instancia funciona en base a estándares de inclusión, representatividad e igualdad de condiciones. “Una vez que el proyecto está aprobado, vamos al detalle de los acuerdos de beneficio compartido con una lógica territorial. En lo concreto, que se deje un aporte en el territorio”, resaltó.

El modelo de diálogo territorial incluye 5 etapas: Preparación e instalación del proceso de diálogo; proceso de diálogo previo al SEIA; articulación con procesos de evaluación ambiental; plan de ejecución de beneficios compartidos; y seguimiento y monitoreo de los acuerdos.  Un fondo de apoyo financiará los profesionales que forman parte del proceso; y un sistema de acreditación certificará la calidad de estos. Por otra parte, existirá un índice de calidad del diálogo que entregará la retroalimentación necesaria.

“Esta política pública permitirá que Chile cuente con procesos de diálogos validados y efectivos; se habrán asumido estándares internacionales de participación y se contará con un capital social, robusto y preparado para el diálogo. Se estarán midiendo todos los impactos asociados a un proyecto y así Chile será capaz de atraer inversiones VIS, es decir virtuosas, inclusivas y sostenibles; y se estarán generando beneficios compartidos en sus territorios. Es decir, estaremos avanzando desde la inversión al desarrollo territorial”, resaltó Danae Mlynarz.

En tanto, el subsecretario de Minería Pablo Terrazas, quien participó en la inauguración del seminario, planteó la necesidad de una minería sustentable y resaltó que es primordial una minería más inclusiva. “Valor Minero ha trabajado arduamente durante años, queremos aprovechar todo el trabajo que se ha venido haciendo. Tenemos una visión de Estado, aprovechar lo que han hecho las alianzas público-privadas para poder avanzar en nuestra industria. La intención es incentivar y promover un relacionamiento previo lo más anticipado posible, como ministerio trataremos de promover ese tipo de relación”, dijo.

Juan José Obach, director de la Oficina de Grandes Proyectos del Ministerio de Economía, profundizó en la función de la instancia que dirige, al tiempo que destacó que la iniciativa también había sido propuesta por otras plataformas, incluyendo Alianza Valor Minero. “Las ideas buenas son compartidas”, dijo.

El seminario también incluyó las exposiciones de Megan Nichols, directora general de la Unidad de Política y Economía del Natural Resources of Canadá; y de Wilfredo Bacián, presidente de la comunidad Quechua de Quipisca de la Región de Tarapacá. Por su parte, el subsecretario de Medio Ambiente, Rodrigo Benítez, participó en el panel del encuentro.

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