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Chile

El proyecto apunta a permitir que las generadoras eléctricas se relacionen de manera transparente con las comunidades en donde están emplazados proyectos.

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Viernes 26 de Junio de 2015.- Es una de las ideas que forma parte de la Agenda Energética impulsada por el Gobierno. La denominada Asociatividad apunta a permitir que las generadoras se relacionen de manera transparente con las comunidades en donde están emplazados sus desarrollos. Y está tomando forma.

En principio estaba pensado que ingresara al Congreso a fines de 2014, y buscaría regular por la vía legal a que las empresas compartieran un porcentaje de las ventas de energía -o de las utilidades resultantes- con las comunidades aledañas a sus proyectos.

Según la Agenda de Energía, el Gobierno se comprometía a enviar un proyecto de ley de “Incentivos de promoción del desarrollo local asociado a proyectos energéticos”, en cuya definición participarían también el Ministerio del Interior y la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional.

Sin embargo en los últimos días las cosas han cambiado y al parecer la iniciativa no seguiría con el rumbo previsto en un principio. El director de la División de Participación y Diálogo Social del Ministerio de Energía, Javier Zulueta, reconoció que el Gobierno descartó esta opción, por considerar que se corre el riesgo de monetarizar la relación entre las empresas y las comunidades. Ello iría en contra de la idea original del Ejecutivo.

“Inicialmente nos pusimos un poco monetaristas y avanzamos en distintas alternativas que eran fijar un monto fijo por MW generado o inyectado o un porcentaje de la inversión, pero a poco andar y al desarrollar las mesas de trabajo con los distintos actores nos dimos cuenta de que si monetarizamos la discusión nos va a ir mal, porque cada vez que se monetariza el desarrollo local, nos va mal”, dijo Zulueta en entrevista con el diario económico Pulso.

Agregó que una vez que se llegó a esa visión, se decidió cambiar el foco. “Empezamos a apostar por desarrollar fórmulas que promuevan el desarrollo local, donde podamos propiciar un diálogo temprano", aseguró. De esta forma, se han estado impulsado planes de desarrollo a nivel local, buscando el desarrollo de estándares participativos para el desarrollo de los proyectos de generación y transmisión, que ayuden a las empresas a determinar "cómo llegar, cuándo llegar, cómo conversar", explica.

La idea es que el Estado asuma además un rol protagónico a la hora de acompañar esas discusiones, como garante y facilitador en los eventuales conflictos. "Para que cuando éstos aparezcan hayamos generado las confianzas a tiempo con los distintos actores”, dijo Zulueta a Pulso. Este fue además uno de los temas centrales que propuso otra Comisión Asesora Presidencial, especialmente enfocada en el tema de la asociatividad, que entregó en abril sus principales conclusiones al gobierno.

En términos prácticos, antes se ahablaba de una ley de Asociatividad, pero se ha dado un giro hacia una "política de asociatividad”,  que considera diversos caminos y herramientas; muchas administrativas.  
Con anterioridad el gobierno ya había dado señales de que se podrían producir cambios en la iniciativa.  En enero decidió aplazar en tres meses el proyecto de ley. Y más recientemente, el propio ministro de Energía, Máximo Pacheco, reconoció que se decidió quitar el pie del acelerador en la tramitación en el parlamento.

La iniciativa a estas alturas se ha dividido en tres: equidad tarifaria, pago de patentes en las zonas donde se ubican los proyectos, y la mencionada asociatividad.

El primero de estos ejes fue anunciado por la Presidenta Michelle Bachelet en su discurso del 21 de mayo de este año, y será enviado al Parlamento hoy viernes. En cuanto a regular que el pago de patentes se realice en las zonas donde se desarrollan los proyectos, el gobierno anunció que se avanzará por la vía administrativa, aunque no se descarta enviar una ley si el proceso -que hasta ahora ha avanzado rápido- presenta algún inconveniente.

Lo que ya estaría práctimente descartado es el tercer pilar, respecto de establecer una fórmula formal para compartir los beneficios económicos de un proyecto con la comunidad. Al menos por ahora.

Revise también: Ministerios económicos definen sus prioridades legislativas para 2015, y Ministerio de Energía tramitará cinco proyectos de ley en 2015.

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