Mineras inician contacto con los presidenciables para proponer agenda que incluye cambios tributarios y laborales

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Plantean que aportes monetarios a comunidades sean imputados como gastos para producir renta y que una fracción mayor de los tributos que pagan las compañías se quede en las regiones mineras.

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Lunes 05 de Junio de 2017.- Partieron con contactos informales, pero a contar de este mes las grandes mineras que operan en Chile -agrupadas en el Consejo Minero- se reunirán con los equipos técnicos de los presidenciables Sebastián Piñera y Alejandro Guillier. Pero, además, el gremio está tramitando citas con los restantes postulantes a La Moneda, como Carolina Goic (DC); Felipe Kast (Evópolis) y los candidatos del Frente Amplio, Beatriz Sánchez y Alberto Mayol, relata el presidente ejecutivo del gremio, Joaquín Villarino.

El objetivo de estos encuentros es socializar con los aspirantes a La Moneda un documento de 12 páginas que el gremio tituló "Más y mejor minería entre todos y para todos". Se trata de un documento en que la entidad minera plantea una docena de iniciativas para reactivar las inversiones. El diagnóstico es simple: hay una cartera de US$ 36 mil millones en proyectos en evaluación -más otro US$ 15 mil millones en ejecución-, que permitirían elevar la producción de cobre a siete millones de toneladas en la próxima década, de los 5,6 millones de toneladas en que está estancada en la actualidad. Y esto, contrario a la principal crítica que enfrenta la industria -a la que se le imputa depredar recursos y beneficiar a los extranjeros-, tendría un efecto práctico y "multiplicador" en la economía nacional, estiman.

Los números incorporados en el texto así lo reflejan: entre 2006 y 2015, el 50% del dinero generado por la gran minería se destinó a proveedores y trabajadores; 17%, a inversiones y otro 18% al fisco, en la forma de impuestos pagados por la minería privada y Codelco; y solo el 15% restante se destinó a dividendos y retiros de la minería privada. "Es decir, más del 80% de los flujos se quedaron en Chile", resume Villarino (ver infografía).

"A Chile la minería le ha cambiado la vida y para bien", agrega. "La remuneración en esta industria es al menos 30% más que el promedio del país, la calidad del empleo es mejor", ejemplifica.

El ejecutivo señala que, pese a la importancia de este sector en el PIB, en especial en las regiones mineras -donde más del 50% de la economía depende de esta industria extractiva-, "la minería brilla por su ausencia en el debate político". "Somos una actividad que está fuera de la agenda política, o se incluye solo para discutir sobre el royalty , aunque impactamos fuertemente en otros sectores: no olvidemos que por cada peso de PIB minero, se generan aproximadamente 0,7 pesos adicionales de PIB en otros sectores", dice.

Esta hoja de ruta de las grandes mineras no fue elaborada solo por ejecutivos del sector, ni por tecnócratas -destaca Villarino-, sino que es una suma de los aportes recabados en nueve instancias distintas, donde el Consejo Minero ha participado. Aquí se incluyen medidas e ideas lanzadas desde el Consejo Nacional de Productividad (CNP), la Comisión Asesora para la Reforma al Sistema de Evaluación Ambiental, el proyecto MAPS Chile -que busca cumplir los acuerdos internacionales sobre cambio climático y mitigación de emisiones-, o el Consejo Nacional de Competencias Mineras, entre otras instancias.

"Es una propuesta para lograr el desarrollo del país, que se hace dialogando con todos los sectores, no desde Twitter o gritando en la calle", resalta el presidente del gremio.

En total, son unas 12 medidas, que apuntan a temas tan variados que van desde el mejor uso del agua, hasta mejoras en los procesos de concesiones y exploraciones mineras (ver recuadro).

Cambios tributarios: que aportes monetarios a comunidades sean imputados como gasto

Pero, sin duda, uno de los aspectos más llamativos del documento del Consejo Minero es que incluye hacer cambios tributarios en al menos dos sentidos, para que las localidades en donde se emplazan los proyectos se beneficien de estas inversiones.

El primero es que los aportes de las empresas a las comunidades que quedan fuera de los compromisos asumidos en el marco del Sistema de Evaluación Ambiental, sean aceptados por el Servicio de Impuestos Internos (SII) como "gasto necesario para producir la renta". Hoy, cuando una compañía dona algún monto a la localidad donde está el proyecto, corre un alto riesgo de ser considerado por el SII como "gasto rechazado", teniendo que pagar el impuesto y una multa, pese a que muchas veces son las propias autoridades -locales y centrales- las que inducen a las empresas a hacer aportes sociales.

Esto se ha acrecentado además con la necesidad de contar con la denominada "licencia social para operar", que ahora está siendo esencial para los proyectos.

La segunda propuesta es avanzar en la "descentralización de la recaudación tributaria", de modo que una mayor fracción de los impuestos que pagan las empresas mineras -y otros sectores- queden en las mismas localidades.

Regular los paros fuera de la negociación colectiva

En materia laboral, las mineras mencionan varios aspectos. Uno de ellos son las jornadas pasivas, que corresponde a los tiempos de traslado, cambio de vestuario, etc., que requieren los trabajadores y que son, debidamente remuneradas. El punto es que en el marco de la reforma laboral se discutió acordar estas jornadas por hasta una hora diaria, pero finalmente, tras el veto presidencial, esto quedó fuera de la ley. Para las mineras es pertinente incorporar esta forma de adaptabilidad pactada, de modo de dar continuidad a los procesos productivos mineros, bajo un marco formal. Por ejemplo, señala Villarino, si la jornada es de 12 horas, que se extienda a 13 horas, entendiendo que esa última es para movilización o cambio de vestuario, debidamente pagada.

Otro tema, pero más polémico que esto, es el relativo a los paros. La lógica es que si la reforma laboral reguló pormenorizadamente la etapa de negociación colectiva, con huelga sin reemplazo y servicios mínimos, entre otros aspectos, también debiera aclarar normativamente las contravenciones que acarrean los paros fuera de la negociación colectiva.

Fomentar la minería ayuda a generar energías limpias

Ricardo Bosshard, director de la organización conservacionista WWF Chile, destaca el espíritu "de hacer inversiones y proyectos de manera más conversada". Aclara que "WWF no se opone al desarrollo, nuestra misión es que el ser humano viva en armonía con el planeta, y los metales o los minerales son parte de la solución porque si, por ejemplo, queremos autos eléctricos que contaminen menos vamos a necesitar litio y cobre", afirma.

El economista y presidente del CNP, Joseph Ramos, resalta que "el documento del Consejo Minero es un importante aporte al diálogo de cómo recuperar para Chile su liderazgo mundial, no solo en producción, sino que en productividad".

Enfatiza que si bien no podemos afectar el precio del cobre, sí podemos afectar y mejorar la productividad, consiguiendo por esa vía más retornos.

"Elevar la productividad minera no es un tema de izquierda o derecha, de las empresas mineras o de los trabajadores. Es un tema país", enfatiza Ramos.

Ximena Abogabir, directora de la Casa de la Paz -una organización que se ha dedicado al trabajo en políticas públicas y comunitarias-, valora que la propuesta sea fruto de la participación con distintos actores y en los más diversos ámbitos.

"Chile no puede avanzar a partir de esfuerzos aislados desde el Estado, el sector privado o las comunidades. Por el contrario, es indispensable avanzar juntos y en forma coordinada", sostiene. Y una iniciativa que destaca son las relativas a los sistemas de evaluación ambiental.

"Asumimos que el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) no puede constituir el único espacio disponible para el debate intersectorial en torno a la aprobación de proyectos de inversión", dice. Además, señala que es importante proteger a la comunidad en etapas tempranas del ciclo minero para evitar el debilitamiento del capital social. "Estimamos altamente recomendable contar con una institucionalidad que permita resolver en forma alternativa los conflictos socioambientales, logrando así construir una decisión entre quienes seguirán compartiendo un mismo territorio, sin dejar como resultado a vencedores y vencidos", dice Abogabir.

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