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Ecuador

A pesar de las duras condiciones impuestas por el gobierno, los privados están volviendo a invertir en varios proyectos.

29 de Marzo de 2012.- El plan del gobierno para desarrollar la minería a gran escala avanzó en marzo tras firmar un contrato de ?US$ 1.400 millones con la estatal china Ecuacorriente. Este es otro ejemplo de los esfuerzos del gobierno de Rafael Correa por encontrar capital extranjero para la industria de recursos naturales, aunque otros acuerdos se han retrasado, señalando que las duras condiciones impuestas por la autoridad no convencen a todos.

El gobierno espera que el contrato con Ecuacorriente, para el proyecto de oro y cobre Mirador en el área sur de Zamora-Chinchipe, sea el primero de muchos. En Mirador se espera explotar unas 181 millones de toneladas de reservas de cobre. Sin embargo, ha habido atrasos con otros inversionistas, como los canadientes Kinross, International Minerals y Iamgold.

Sin embargo, el acuerdo con Ecuacorriente representa un importante hito para Correa. La firma china invertirá ?US$ 1.400 millones los próximos cinco años. Según cálculos oficiales, el contrato de 25 años generará ingresos públicos por ?US$ 4.500 millones, ya que según lo acordado el gobierno obtendrá 52% de los ingresos totales esperados.

La producción, que probablemente comience a fines de 2013, llegará al máximo en 2015. La mina tiene reservas probadas por 5.00 millones de onzas de cobres. El contrato estipula que si el precio es menor o igual a US$ 4 la libra, los royalties serán de 6%; si está entre US$ 4 y ?US$ 5,5 suben a 7% y si supera US$ 5,5, será de 8%. Ecuacorriente acordó pagar ?US$ 100 millones en royalties por adelantado. El jefe del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pastor, señaló que la compañía deberá crear un fondo para mitigar el daño ambiental, construir caminos, una planta eléctrica e invertir en infraestructura en la costera provincia de El Oro, desde donde se embarcarán los minerales.

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Quejas ambientales?

El proyecto enfrentó el rechazo de ecologistas y división en la Asamblea Nacional por la falta de normas económicas y ambientales claras. Los ecologistas temen la contaminación de los alrededores y recursos hídricos.

El gobierno provincial de Azuay también protestó apoyado por grupos sociales e indígenas contra la supuesta escasa de transparencia en los contratos y falta de respeto a los territorios indígenas.

También se cuestionó que la minera genere empleo, y se argumentó que la mayoría será para trabajadores foráneos más que la comunidad local.

El acuerdo de Ecuacorriente es otro ejemplo de los crecientes vínculos entre Ecuador y China. En los últimos años, Beijing se convirtió en el principal inversionista y financista en el sector energético en Ecuador. Los préstamos chinos superaron los ?US$ 4.000 millones en 2011, en su mayoría vinculados al petróleo. Sin embargo, las firmas de Occidente también empiezan a volver a Ecuador, tras evitar durante varios años el país por las políticas nacionalistas de Correa. 

Tras asumir en 2007, Correa tomó una postura dura, exigiendo propiedad y operación estatal plena en los campos de crudo. Algunas firmas se fueron del país cuando el gobierno renegoció los términos de operación por la nueva ley de hidrocarburos en 2010.

Sin embargo, el presidente ha abandonado mayormente su línea dura, y las empresas privadas han vuelto a encontrar oportunidades en Ecuador. Dos consorcios privados recientemente firmaron acuerdo por US$ 1.700 millones en conjunto (equivalentes al 2,4% del PIB) para explotar reservas en los campos de petróleo de Shushufindi-Aguarico y Libertador-Atacapi. Los consorcios incluyen dos importantes petroleras occidentales, la Schlumberger, con sede en EEUU, y la argentina Tecpetrol.

Y probablemente habrá más acuerdos en los próximos años, pese a las duras condiciones, lo que beneficiará las cuentas externas del país y las finanzas del gobierno (DF).

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