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Perú

25 de Abril de 2012.- El presidente del directorio de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo (Upagu) de Cajamarca, Manuel Becerra, destacó hoy que en las nuevas exigencias para una minería responsable el Gobierno promueva la inclusión social con miras a un mayor entendimiento con la población.

En declaraciones confió en que ahora existirá una "mejor comunicación y diálogo" entre las empresas mineras y la población, para evitar conflictos sociales que "retrasan el desarrollo y el crecimiento económico".

“Si queremos desarrollo e inclusión social hay que establecer cánones de respeto y de interacción entre la minería y la sociedad”, opinó.

Becerra señaló que el entendimiento entre ambas partes debe darse respetando, de manera irrestricta, las normas vigentes.

“Más allá del peritaje al proyecto Conga debe primar el raciocinio, en el sentido de que toda actividad extractiva ha de garantizar la calidad del agua y el respeto al medio ambiente; eso es lo que se quiere”, indicó.

Opinó que a las empresas mineras también les corresponde hacer un mea culpa, por los errores que se puedan haber cometido en el pasado y recuperar la confianza de la población.

“El presidente Ollanta Humala ha sido enfático en decir que queremos minería y desarrollo, pero respetando el entorno, las condiciones ambientales, aportando desarrollo, y como representantes de la universidad esperamos que ello se cumpla”, enfatizó.

Comentó que los resultados del peritaje al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Conga han marcado “un antes y un después” para la ejecución de futuros proyectos mineros.

Por último, instó al presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, a retomar el diálogo con el Ejecutivo, “dejando de lado intereses de cualquier índole”. 

Dos catedráticos de la Upagu formaron parte del equipo de especialistas que se reunió en Cajamarca con los peritos del EIA del proyecto Conga, brindando recomendaciones y observaciones. 

El Jefe del Estado, Ollanta Humala, anunció el viernes que su administración ha establecido nuevas condiciones ambientales para la inversión minera, con el propósito de que la población se beneficie "directa y concretamente".

(Andina)

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