Proyectos mineros deberán contar con fondos de inclusión social

Perú

6 de Enero de 2012.- El Gobierno promoverá que los proyectos mineros constituyan fondos de inclusión social, cuyos recursos sirvan para desarrollar proyectos en educación, salud, saneamiento, electricidad e infraestructura, anunció el presidente del Consejo de Ministros, Oscar Valdés.

Adelantó que las comunidades aledañas a los proyectos mineros también participarán en las decisiones que se tomen sobre los recursos de los fondos de inclusión social.

Indicó que el Estado ha dispuesto la creación del Fondo de Garantía Ambiental que se va a incluir en los contratos mineros por firmarse.

“Con estos las empresas deberán contar con un fondo de garantía que se ejecutará en cualquier caso de daño al medioambiente y que afecte a la población”, expresó ante el pleno del Congreso.

Por otro lado, enfatizó que el gobierno tomó la decisión de afrontar la minería ilegal en los diferentes puntos del país y para eso se gestionó facultades legislativas por 120 días para legislar en temas vinculados a la minería ilegal.

Manifestó que la minería ilegal en Perú está alcanzando dimensiones que antes no tenía debido al precio alto de los minerales, lo cual hace atractiva esta actividad para mucha gente que lucra pero que no paga impuestos y daña el medioambiente.

Valdés señaló que la minería ilegal está impidiendo que el país reciba 250 millones de dólares por Impuesto a la Renta.

Asimismo, mencionó que este año se propondrá un marco legal integrador para la regulación de los servicios ambientales, y se aprobará e implementarán estándares de calidad ambiental y límites máximos permisibles.

También reveló que el presidente de la República, Ollanta Humala, ha dispuesto la formación de una comisión multisectorial para la revisión, evaluación y diseño de una propuesta de integración de funciones de evaluación de los estudios de impacto ambiental (EIA), la administración de recursos hídricos y la fiscalización ambiental.

Explicó que estas funciones actualmente están dispersas entre entidades como el Ministerio de Energía y Minas (MEM), la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) (Andina).

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