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Perú

22 de Febrero de 2012.- Perú debería invertir al menos US$1.000 millones por año, tomando en cuneta el actual crecimiento de la demanda eléctrica, para extender su red eléctrica y alimentar el voraz apetito de su industria minera, que tiene en carpeta planes por unos US$50.000 millones para las próximas décadas.

Sin medidas urgentes, los analistas creen que el país debería sufrir en 2017 la misma suerte que le tocó a Sudáfrica en 2008 o a Chile tres años más tarde, cuando distintas crisis energéticas afectaron a las mineras. Varios yacimientos chilenos han sufrido apagones en los últimos años por fallas en un sistema eléctrico que opera al límite.

Las demoras en la ejecución de los proyectos eléctricos y en implementar normas claves, la falta de planes de largo plazo, un sistema de distribución malo y un creciente rechazo social, tienen en duda a por lo menos media docena de planes en un sector que genera el 60% de los ingresos externos de Perú.

Consciente de los problemas, el gobierno del presidente Ollanta Humala pidió acelerar las inversiones eléctricas y lanzó una batería de iniciativas para ponerse al frente de las obras. Humala prometió apurar las concesiones para la construcción de líneas de transmisión, invertir en un gasoducto para alimentar de energía al sur y fomentar la construcción de plantas hidroeléctricas.

Uno de los principales escollos es la demora en la reglamentación de una ley que da más voz a las comunidades indígenas.

En pocos años, el 50% de la generación de electricidad en Perú derivaría del gas natural. Las plantas que lo procesarán fueron o están siendo construidas casi todas en Chilca, una localidad del sur de Lima. El norte y el sur peruano tienen luz principalmente gracias a líneas de transmisión, que demandan inversiones que podrían demorarse aún más por la ley de consulta previa a comunidades indígenas. Actualmente hay una decena de planes para construir plantas termoeléctricas y líneas de transmisión para hacer frente a una demanda de electricidad que aumentaría cerca de un 8% en 2012, según el Comité de Operación Económica Nacional (COES).

Si bien algunas centrales están encaminadas, varias líneas de transmisión están demoradas porque los reguladores no otorgan las concesiones hasta que se reglamente la consulta a los pobladores, explicó César Butrón, presidente del directorio de COES (Pulso).

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