Blog-Posts from jun 22, 2017

Chile

Ya hay 15 empresas interesadas en la construcción del nuevo establecimiento de salud. Las obras se podrían adjudicar en noviembre de este año.

Jueves 22 de Junio de 2017.- El Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio (SSVSA) abrió un nuevo proceso de licitación para la construcción del nuevo Hospital de San Antonio Claudio Vicuña. El llamado se inició el 2 de junio y se espera que para el mes de noviembre se tenga definida la empresa adjudicada.

Cabe destacar que este es el tercer intento por adjudicar la ejecución de las obras y según informaron desde el Servicio de Salud, ya hay 15 empresas interesadas en la ejecución de las obras que tendrán una inversión estimada de $ 97.217 millones.

Manuel Meza Hinojosa, Coordinador del Proyecto Nuevo Hospital para San Antonio, comentó que se solicitará rigurosidad por parte de los postulantes a la hora de completar antecedentes y adjuntar la documentación requerida en el portal de Mercado Público.

La licitación del proyecto de Construcción y Normalización del Hospital Claudio Vicuña estará 40 días en el portal de Mercado Público y el plazo para postular vence el 12 de julio a las 16 horas. “Al día siguiente se debe convocar a la comisión evaluadora, compuesta por profesionales del SSVSA y el Minsal, que analizará la admisibilidad de las propuestas” señaló el Coordinador del Proyecto.

El diseño del nuevo Hospital Claudio Vicuña contempla la construcción de un edificio de 57 mil 285 metros cuadrados, el cual contará con tres pisos subterráneos y tres sobre el terreno natural, un zócalo y un helipuerto. En síntesis, el nuevo establecimiento será cuatro veces más grande que el actual recinto.

Para más información del proyecto Aquí.

Chile

La actividad espera abarcar la totalidad de la dotación durante cinco talleres sucesivos, que incluirán además a las empresas colaboradoras.

Jueves 22 de Junio de 2017.- Lograr la participación activa, protagonismos y la reflexión conjunta en cuanto a la seguridad y el autocuidado con los trabajadores y trabajadoras, fueron parte de los objetivos alcanzados en el primer Taller Conductual Divisional de Radomiro Tomic 2017, que realizaron con éxito los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad Mina y Planta-Administración.

La reunión convocó a más de 70 personas y espera abarcar la totalidad de la dotación en 5 talleres sucesivos que incluirán además a las empresas colaboradoras, una instancia que según Santiago Bugueño, presidente del Comité Paritario Mina, les permite innovar y tocar temas diferentes en prevención: “cómo logramos concientizar en nuestra gente el autocuidado, las buenas conductas, las buenas prácticas, cómo ganamos en seguridad, pues nuestra responsabilidad es la seguridad y salud de los trabajadores, y todos los temas que tocaremos están relacionados con su labor diaria”.

Jorge Muñoz, gerente de Seguridad y Salud Ocupacional (I), se mostró “satisfecho de ver que la seguridad la hacen y nace desde los trabajadores y trabajadoras, me quedo con lo relevante que es que esta instancia del Comité Paritario, refleja que la seguridad no sólo la hace la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional, sino que la hacen las trabajadoras y trabajadores y eso es lo positivo, ver a los integrantes de RT tomando la iniciativa y haciendo sus propios talleres. Eso es gratificante para la división”.

Para los asistentes, la actividad fue “muy interesante pues incentiva a la gente al autocuidado y muestra los mecanismos que tiene la planta y operaciones mina para evitar incidentes”, según lo manifestó Lincoyán Elgueta, operador mina. Coincidió con él su compañera de área, la operadora Aixia Rojas, quien enfatizó que “la seguridad es muy importante, es la base de todo y deben internalizarla para cumplir con los estándares de la empresa y los propios de autocuidado”.

Paritarios líderes en seguridad

Un aspecto que fue profusamente destacado fue el 100% de cumplimiento logrado por los paritarios en la última auditoría al Sistema de Gestión para la Seguridad, Salud Ocupacional y Riesgos Operacionales (conocido por la sigla SIGO) que, para Rodrigo Delgado, presidente del Comité Paritario de Higiene y Seguridad Planta-Administración, se debe a un acucioso trabajo de documentación y registro para dar cumplimiento al plan.

Entre los elementos destacados de su quehacer, Delgado señala, el Día Paritario que “es la oportunidad de reunirse con los ejecutivos, la supervisión, con los colegas y con terceros en una extensa jornada que incluye una 'caminata paritaria', donde vemos en terreno oportunidades y hallazgos para levantar y mejorar las condiciones y conductas de los trabajadores”.

Codelco

Chile

Jueves 22 de Junio de 2017.- Un proceso de licitación para adquirir 30 metros de rieles y sus accesorios para puentes grúa de 5, 30 y 100 toneladas, está realizando la División El Teniente de Codelco.

Según ha detallado Codelco, el plazo para la entrega del suministro será de cuarenta y cinco días después de recibida la orden de compra.

La empresa interesada en ser invitada a participar en el proceso de licitación, deberán enviar una solicitud vía correo electrónico hasta el 28 de junio de 2017.

Para más información Aquí.

Chile

En su discurso, la Mandataria llamó a “que preparemos mejor nuestros sistemas para enfrentar las emergencias climáticas y los desastres naturales”, y lamentó que a cinco días de los temporales aún 4.500 hogares sigan sin suministro eléctrico.

Jueves 22 de Junio de 2017.- La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, participó en la IX Cena Anual de Energía 2017, y destacó, en su discurso, que “no estamos lejos de la verdad si decimos que con la energía pasamos de tener un pesado carro a cuestas, a disponer de un poderoso motor que nos lleva a ser parte de las grandes tendencias mundiales.”.

Acompañada por los ministros de Economía, Fomento y Turismo, Luis Felipe Céspedes; y Energía, Andrés Rebolledo, detalló que el sector energético se transformó en líder en inversiones, con cerca de 16 mil millones de dólares acumulados durante el periodo. Añadió que esta tendencia seguirá por los próximos años, con inversiones estimadas de más de 11 mil 200 millones de dólares entre 2017 y 2021.
La Mandataria explicó que se logró una expansión de las energías renovables no convencionales, que permitió pasar del 6% de la capacidad instalada a cerca del 17%. En infraestructura, a mayo de este año hay 39 centrales en construcción, más de 30% más que al momento de asumir. Además, a fines de año contaremos con un sistema eléctrico integrado, gracias a la interconexión entre los sistemas Central y del Norte Grande.

Asimismo, subrayó que durante su Gobierno se aprobaron iniciativas que sacaron el tema energético de una discusión exclusivamente técnica y lo transformaron en un impacto positivo directo para los hogares, como el aumento de la eficiencia en el mercado de distribución de gas de red y el establecimiento de mayor protección para los consumidores; y la ley de Equidad Tarifaria, que permitirá que ninguna comuna del país tenga una diferencia de más del 10% en sus cuentas eléctricas.

“Por eso hay que subrayar que hablar de transformación no es sólo dimensionar cada uno de estos cambios. Es también confirmar que aquí ha existido un cambio cultural, se ha generado una manera novedosa, con la ciudadanía, de encarar un proceso que era altamente complejo”, afirmó.

En este contexto, señaló que “es impostergable que preparemos mejor nuestros sistemas para enfrentar las emergencias climáticas y los desastres naturales”, en referencia a los estándares de seguridad de abastecimiento de electricidad para las familias.

“No es posible que a cinco días de ocurridos los temporales, hoy día, a las 3 de la tarde, cerca de 4 mil 500 hogares tengan su electricidad cortada. Las compañías deben saber actuar a tiempo, porque no podemos darnos el lujo de debilitar la confianza de los ciudadanos por privilegiar intereses de corto plazo”, manifestó

Chile

Presentó estudio "Fundamentos y desafíos para el desarrollo minero", el cual será entregado a los equipos programáticos de todos los candidatos presidenciales.

Jueves 22 de Junio de 2017.- Una ofensiva política destinada a promover una serie de medidas que apuntan a reactivar la inversión minera entre las distintas candidatos a la presidencia del país, inició la Sociedad Nacional de Minería (Sonami).

Con esa misión, el gremio presentó el estudio denominado "Fundamentos y desafíos para el desarrollo minero", el cual plasma el actual escenario de incertidumbre que sume a la industria, complicada con lo que estima una excesiva burocracia en materia de permisos medioambientales y una creciente judicialización de los proyectos.

El análisis, que se entregará a los equipos programáticos de las distintas candidaturas presidenciales, se dio a conocer en un foro realizado en el Hotel W. Más de 300 personas asistieron al evento, liderado por el presidente de la entidad, Diego Hernández.

"Lo hacemos ahora porque estamos en una año electoral, así que resulta vital que los candidatos sepan lo que atraviesa el rubro. Vivimos una encrucijada, de la cual hemos tenido una leve recuperación, pero debemos tomar acciones urgentes", aseguró el líder gremial durante el lanzamiento del estudio.

Además, durante la cita hubo un panel que analizó el contexto actual de la minería y cómo enfrentar los desafíos que se avecinan.

Este incluyó a Alfredo Moreno, presidente de la CPC; María Olivia Recart, vicepresidenta de Asuntos Externos de BHP Billiton; y José Miguel Ibáñez, gerente general de Haldeman Mining Company S.A..

También participaron Patricio Gatica, presidente de la Asociación Gremial Minera de Illapel; Álvaro García, presidente ejecutivo de Alianza Valor Minero; Mauro Valdés, presidente del Programa Nacional de Minería Alta Ley, y Diego Hernández.

Análisis

El exhaustivo documento no solo hace un análisis de la evolución que ha tenido la minería en los últimos años, sino también una proyección de cómo estará para 2030. Asimismo, detalla una agenda de acciones para enfrentar los principales desafíos que enfrenta la industria en materia de desarrollo sostenible y productividad.

En el informe presentado, se analizan temas como la institucionalidad ambiental y relación con las comunidades, el apoyo a la pequeña minería, el rol de la mediana, la eficiencia energética, la exploración y propiedad minera, la importancia del litio y la minería no metálica, la innovación y desarrollo tecnológico, la legislación laboral e inclusión de la mujer, entre otros.

El texto recoge la experiencia de las empresas socias de Sonami y las recomendaciones que han hecho distintos actores del sector. "Esperamos contribuir con ello a dar un impulso y catapultar a nuestro sector a una etapa distinta de desarrollo, que genere sinergias hacia todos los sectores de actividad económica nacional", asegura el gremio.

Propuestas

La creación de una oficina de gestión de grandes proyectos que mejore la eficiencia y agilice la tramitación de planes mineros es uno de los tópicos que propone el oficio de Sonami.

Su argumentación radica en la tardanza que existe en la aprobación de proyectos mineros en el país, lo que conspiró para que la inversión total disminuyera entre 2013 y 2016 en un 15,6%, según cifras del Banco Central.

"Hay un tema que es clave, este país es algo a nivel mundial gracias a su minería. Por lo tanto es necesario reactivar la inversión, la cual no está llegando hoy a nuestro país. Se requiere un esfuerzo mayor en este sentido, tanto en lo relacionado a su regulación y metodologías para enfrentar los desafíos", esgrimió Mauro Valdés.

También agregó que en ese sentido, los candidatos a presidente debiesen preocuparse de cómo volver a incentivar la economía nacional, lo que resulta difícil hacerlo sin la minería.

"Cambiarse de caballo en este país no es una alternativa viable, por lo tanto, para volver a crecer en minería hay que atraer la inversión, pero debemos hacerlo de manera inteligente. Inversión que no tenga solo un marco jurídico adecuado, sino que además produzca efectos multiplicadores en otras áreas de la economía nacional.", aseguró Valdés.

Recursos

Entre las propuestas que entrega el documento gremial también está reforzar económicamente a la cartera de Minería, pues no cuenta con un presupuesto adecuado para su función en comparación con otras reparticiones del Estado.

"Para este año la cartera de Minería cuenta con un presupuesto que asciende sólo a $71.716 millones, cifra que -a modo de ejemplo-, es casi la octava parte del presupuesto del ministerio de Agricultura y alrededor de la mitad de las carteras de Energía o Deporte", destaca el oficio.

Por último, la normativa aplicada tanto a las pequeñas, medianas y grandes empresas también fueron abordadas, de modo en que, si bien el marco regulatorio para todo tipo de proyectos es legítima, Sonami advierte que es necesario regular las restricciones para que a las pequeñas empresas no se les aplique los mismos criterios que a los grandes conglomerados mineros.

Ante las normativas existentes por traslado de concentrado de minerales, Patricio Gatica Rossi, director de Sonami, comentó que muchas veces la política tiende a malinterpretar algunos conceptos.

"Es algo que se debe abordar con mucho cuidado porque desde el fondo, si usted considera y declara públicamente que un concentrado de cobre es una sustancia peligrosa y la sanciona en una ley, ocurrirá que los concentrados que Chile exporte ya la habremos declarado como sustancias peligrosas, por lo tanto lo prudente es hacer un manejo racional del transporte antes de venir y declararlos como peligrosos. No estamos en contra a que se tomen todas las providencias del caso, pero hay que manejar mejor el lenguaje", advirtió Gatica Rossi.

Por último, Alfredo Moreno, destacó la necesidad que parte de los ingresos por extracción queden en las zonas explotadas: "Es indudable que la minería tiene impactos negativos y positivos. Entonces, naturalmente una parte del valor de estos proyectos, más allá del tema de los impuestos, debe quedar en la zona. También es necesario que la gente conozca los proyectos desde el inicio y el impacto que tendrán en su región. Esto al final tiene un impacto positivo porque es el sostén de esas regiones", dijo.

Mercurio Calama

Colombia

Un proyecto de ley busca poner en cintura esta actividad que, al año, mueve más recursos que el narcotráfico. Pequeños mineros presentan sus dudas frente a la iniciativa.

Jueves 22 de Junio de 2017.- Colombia dio el primer paso en el Congreso para meter en cintura una actividad criminal que por años ha saqueado las finanzas territoriales e irrigado de sangre extensas zonas del país: la Comisión Primera del Senado dio el aval al proyecto que busca poner fin a la extracción ilícita de minerales, actividad que el año pasado movió unos $7 billones, una cifra muy superior a los $2 billones que obtuvo el narcotráfico.

La iniciativa se ha convertido en una política de Gobierno que involucra a cuatro ministerios: Defensa, Medio Ambiente, Minas y Energía, y Justicia. “La extracción ilícita de minerales claramente se está convirtiendo en una fuente de financiamiento para grupos armados, a tal punto que en muchos casos supera las finanzas que maneja el narcotráfico”, dijo Aníbal Fernández de Soto, viceministro de Defensa.

La iniciativa “contempla duras penas por delitos correspondientes a la explotación ilícita de minerales”, según Santiago Ángel Urdinola, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), quien opina que esta es la herramienta para desestimular el creciente número de explotadores ilícitos del país.

“La explotación ilícita de yacimientos mineros se presenta en 25 departamentos, ya sea por explotación de oro, carbón o materiales de construcción. Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y el sur de Bolívar son los que sufren la mayor afectación ambiental y social, así como el involucramiento de grupos armados organizados y grupos de delincuencia organizada”, se lee en la ponencia del proyecto hecha por el senador Eduardo Enríquez Maya. “El principal objetivo es endurecer las penas y crear una nueva figura delictiva con este propósito”, dijo Enríquez Maya.

El proyecto contempla el aumento de las penas para los delitos asociados con la minería ilegal, sanciones que hoy son excarcelables. También se ataca la actividad como fuente para el lavado de activos y la asociación con la financiación del terrorismo, teniendo en cuenta que varios grupos armados reciben financiación de minería ilegal.

“En materia ambiental, dota de dientes a las corporaciones regionales y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para que ejerzan mejores controles sobre insumos como el mercurio y el cianuro; y que las licencias y permisos ambientales sean más estrictos y se haga seguimiento sobre éstos”, señaló el viceministro de Defensa. (Lea "¿Qué hacer con la minería ilegal?")

Las dudas. A pesar de sus aparentes bondades, la iniciativa despierta suspicacias y comentarios en varios sectores, especialmente entre los pequeños mineros. “La gran problemática de muchos mineros no es que no se quieran legalizar, sino que no cuentan con las herramientas para ese proceso de normalización”, opina Nasly Miranda, representante de la Empresa Minera de Jobo Medio (Emijom), en el municipio de Zaragoza (Antioquia), compuesta por 12 propietarios con presencia en dos comunidades de esta zona. Miranda también espera que el proyecto le dé mayores apoyos al pequeño minero.

Para expertos como Guillermo Rudas, a pesar de que el Código Minero está vigente desde hace más de una década, la minería ilegal todavía contempla “una amplísima gama de tipos de minería que el Estado no ha podido precisar ni formalizar. Son los mineros tradicionales los que van a pagar las consecuencias de la indefinición de los últimos 10 años”.

En Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, existe un caso paradigmático. En noviembre de 2016, miembros de la Brigada Especial Contra la Minería Ilegal del Ejército llegaron al municipio para desmantelar cinco dragas “ilegales”. Con ellos llegaron 22 tracto mulas, dos helicópteros, tres grúas, seis camiones, 150 miembros del Gaula Ejército, 70 miembros del Esmad, Fiscalía, Policía y funcionarios de Corantioquia. En total, el operativo costó $600 millones. También fueron capturados 16 trabajadores.

Lo que no se calculó es que las dragas intervenidas habían empezado un proceso de formalización en 2013, como parte de un programa piloto promovido por el Ministerio de Minas y Energía, la Gobernación de Antioquia, la Universidad Nacional y Usaid. De hecho, las dragas ya tenían un plan de trabajo y obras (PTO) y un plan de manejo ambiental (PMA) aprobados. Lo único que faltaba era la firma de la Gobernación, pues un fallo del Consejo de Estado de abril de 2016 frenó el decreto que permitía este trámite.

Tras el episodio, ocho instituciones del Bajo Cauca, entre ellas cabildos indígenas, resguardos afros, asociaciones mineras y campesinas, le dijeron al Gobierno en una carta que “no se puede enviar señales confusas que entorpezcan el avance de un proceso de formalización tan importante para el bienestar de un territorio como el Bajo Cauca”.
Rudas señala que casos como este prueban que “se está tratando de resolver el problema de ilegalidad sin tener en cuenta la falta de una política pública para legalizar la minería informal. Esta indefinición genera una criminalización de la pequeña minería”.

Para Jorge Eliécer Rivera, miembro del Jardín Hidrobotánico Jorge Ignacio Hernández, que funciona en Caucasia (Antioquia), el proyecto de ley que se está cocinando en el Congreso “adolece del pecado original de la legislación minera en este país, y es que se construyó a espaldas de los actores mineros del territorio”. Para él, el operativo de Tarazá es una muestra clara de lo alejado que está el centro de las periferias y de la forma como minería criminal, informal, tradicional y de subsistencia coexisten en el mismo territorio.

Pero hay algo claro: ni Rudas ni Rivera niegan la presencia y la amenaza social y ambiental que representa la minería ejercida por grupos criminales, aunque sí están de acuerdo en que la forma como el proyecto de ley aborda la problemática es, cuando menos, ingenua. (Lea "Deforestación y minería ilegal, motores de las inundaciones")

La formalización. Según el viceministro Fernández de Soto, el proyecto de ley “da mejores herramientas para la formalización minera”. El funcionario explica que se contemplan acciones para que los pequeños mineros, informales y artesanales entren en buenas prácticas, tengan guías ambientales, formalicen su actividad y tengan mejores controles. “Al Gobierno le interesa que la minería bien hecha sea un motor de economía y genere empleo. Por eso este proyecto persigue a los criminales, pero da mejores herramientas para la formalización minera”.

La formalización minera está a cargo del Ministerio de Minas y Energía y, entre otras cosas, se busca mejorar el Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom). Según cifras de la Agencia Nacional Minera, cuando se creó el Rucom había inscritos 4.000 barequeros y ahora ese número sobrepasa los 120.000. De estos, por lo menos 117.000 trabajan en la extracción de metales preciosos.

Aprovechando el avance del proyecto en el Senado, los congresistas Sergio Díaz-Granados (representante) y Andrés García (senador) presentaron una iniciativa contemplando que la maquinaria decomisada por actividades ilícitas como minería ilegal debe ser destinada a los municipios de baja categoría y a comunidades campesinas.

Con todo, lo que se busca es acabar con una actividad que genera amplios daños ambientales, además de ser utilizada para financiar organizaciones armadas, pero sin desconocer que la minería tiene facetas y matices sociales a lo largo de todo el territorio.

América Economía /ELESPECTADOR.COM

Chile

Los sondajes continúan con la búsqueda de los dos trabajadores.

Jueves 22 de Junio de 2017.- A 12 días de desencadenarse la tragedia en la mina Delia 2 en Chile Chico, en la Región de Aysén, en donde quedaron atrapados José Sánchez (26) y Enrique Ojeda (34) luego de la inundación del yacimiento de oro y plata, la evolución de las noticias no ha sido alentadora.

El pasado viernes, una sonda determinó que la mina estaba completamente inundada. Y, ayer en la madrugada, otra exploración remota logró llegar hasta el nivel del refugio, en donde estarían los dos trabajadores, y comprobó que el nivel, situado a 205 metros de profundidad, está completamente inundado, con lodo y agua.

"Comprobamos que la mina está con un nivel importante de lodo y, en este caso específico, en la zona del refugio, donde había alguna esperanza de que pudieran estar los trabajadores", señaló Felipe Mathews, geólogo a cargo de las operaciones.

Mientras que desde el Gobierno reiteraron la "voluntad intacta" de seguir con las operaciones de búsqueda hasta encontrarlos, por lo que mantendrán al personal de Fuerzas Armadas para "lograr el objetivo que nos hemos propuesto", según indicó el seremi de Gobierno de Aysén, Jorge Díaz, quien agregó que "no hay límite de tiempo para la búsqueda de los mineros".

El Mercurio

Chile

Diputados afirman que Jorge Bermúdez iniciará una nueva auditoría a la estatal.

Jueves 22 de Junio de 2017.- Ayer los diputados UDI Felipe Ward e Issa Kort, y la RN Paulina Núñez, se reunieron con el contralor Jorge Bermúdez, para entregar nuevos antecedentes sobre eventuales irregularidades en Codelco.

La información se suma a la que se recopiló para una querella presentada la semana pasada por los parlamentarios, que busca determinar si personeros de la estatal incurrieron en los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible al contratar servicios de empresas relacionadas con altos ejecutivos y directivos de la cuprera. Según señalan los diputados, Bermúdez les habría indicado que realizará una nueva auditoría a la cuprera con los datos que le aportaron. Todo esto, en medio de la disputa respecto de las facultades que posee esa institución sobre Codelco.

Entre los nuevos antecedentes, aseguran, se encuentran casos donde se habrían suscrito contratos de venta de materiales a un valor inferior a los de mercado, lo que habría causado pérdidas a la empresa.

También se incluyen datos sobre arriendos "innecesarios de inmuebles", donde se habría pagado por infraestructura con la cual ya contaba Codelco.

Los parlamentarios afirman que incorporaron antecedentes de eventuales actos de corrupción, que incluyen cohecho y que, al ser denunciados, habrían "derivado en represalias a los denunciantes". El resto de la información apunta a pagos por servicios que no se realizaron y a la realización de tratos directos "sin justificación".

"Hemos recibido durante estos días nuevos antecedentes de eventuales irregularidades de Codelco, le pedimos al contralor que ratifique y ejerza sus atribuciones y audite estos casos. La respuesta es positiva, va a empezar una nueva auditoría", dijo Núñez, quien agregó que quedaron "tranquilos", porque " la Contraloría no se va a desistir de la denuncia ingresada al Ministerio Público y nosotros vamos a persistir con la querella".

Por su parte, Ward señaló que el contralor les dijo que en la anterior auditoría "solo fue posible investigar el 1% de los contratos". "Nos parece muy pertinente poder profundizar la investigación", agregó.

"Queremos que la Contraloría mantenga su labor fiscalizadora, que se complementa con la nuestra en la Cámara de Diputados", remarcó Kort.

El Mercurio

Chile

Desde el Ejecutivo reconocieron las facultades de la empresa para ir a tribunales, pero llamaron a la mesa a buscar una solución fuera de esta instancia.

Jueves 22 de Junio de 2017.- Por dos horas y quince minutos estuvo reunida la administración de Codelco con el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y su par de Minería, Aurora Williams, para abordar la controversia que han suscitado dos dictámenes de Contraloría.

La cita, que correspondía a la junta extraordinaria de la estatal Codelco y que en un principio tuvo que ser reprogramada por problemas de agenda de la ministra Williams, terminó con un mensaje clave de parte del Estado: se debe privilegiar una salida administrativa para determinar las facultades que tiene Contraloría por sobre la minera, y no una judicial. Esto, pese a que desde el propio directorio de la minera habían optado por esta última vía.

Según informaron las partes reunidas, en la cita se comunicó la estrategia jurídica que diseñó Codelco. “Reconociendo la judicialización como una vía posible, (se) instó al directorio a continuar colaborando con la búsqueda de una solución administrativa mediante un diálogo constructivo y propositivo, contribuyendo con sus mejores oficios”, se lee en el comunicado enviado desde Hacienda.

La polémica entre Codelco y Contraloría se desató por dos dictámenes del órgano controlador, uno relativo a la indemnización por $511 millones del ex director y supervisor de Codelco, Augusto González, y otro que cuestionó las contrataciones con empresas relacionadas a trabajadores de Codelco. A juicio de la empresa, este último informe causaría daño a las finanzas de la minera, ya que obligaría a privilegiar las licitaciones públicas en desmedro de las contrataciones directas y las licitaciones privadas, haciendo más lento y engorroso el proceso. Por ello, el directorio de la estatal resolvió acudir a tribunales para esclarecer el marco normativo que rige a la empresa. Según había informado Codelco anteriormente, una salida judicial evitaría “un mayor daño a la institucionalidad que producen declaraciones acaloradas, en ocasiones contradictorias y que en nada contribuyen al fortalecimiento del rol de la empresa pública”.

Pese a estas declaraciones, la estrategia ahora sería otra tras la falta de apoyo del Gobierno a los planes originales de la compañía.

Pulso

Chile

No obstante, la instancia extraordinaria de la minera desarrollada esta tarde reconoció que el camino judicial es una vía posible para poner fin a la disputa con el organismo fiscalizador.

Jueves 22 de Junio de 2017.- La junta extraordinaria de accionistas de Codelco, conformada por los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés, y de Minería, Aurora Williams, en representación de la Presidenta de la República, se instó al directorio de la minera a buscar una salida administrativa a la controversia que mantiene con la Contraloría.

"Fue informada de la estrategia jurídica que ha diseñado la empresa en el ámbito de sus competencias. Reconociendo la judicialización como una vía posible, (se) instó al directorio a continuar colaborando con la búsqueda de una solución administrativa mediante un diálogo constructivo y propositivo, contribuyendo con sus mejores oficios", indicó la declaración pública de la junta de accionistas.

En la sesión desarrollada esta tarde, se conocieron de parte de la empresa los antecedentes relativos a la gestión del periodo enero-mayo, los impactos económicos y operacionales que está generando la controversia con la Contraloría General de la República, las medidas que ha tomado la administración para mitigar estos efectos, y la evaluación de distintos caminos a seguir para solucionar las diferencias con el ente contralor.

En esa línea, se "expresó su reconocimiento al directorio y administración de Codelco por el compromiso que ha mantenido en el cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y probidad en la empresa".

Añadió que "estos principios son aplicables a todas las empresas públicas y prioritarios para el gobierno. También remarcó el rol clave e insustituible del directorio para el cumplimiento de estos principios, puesto que es en él donde está radicada la evaluación del mérito económico, financiero y operacional de las decisiones de inversión y de gestión operacional de la compañía".

Por último, se destacaron "los esfuerzos y resultados logrados por el Directorio y la Administración de Codelco para reforzar sus normas de integridad mediante un conjunto de reformas a su funcionamiento, que incorporan las mejores prácticas de clase mundial, con sistemas de control más exigentes y estándares de transparencia más elevados".

Emol

Chile

Al igual que en la operación realizada en enero, los inversores extranjeros pudieron participar de forma directa en la operación y simultáneamente con los inversionistas locales. En esta oportunidad, la adjudicación a inversionistas extranjeros alcanzó un 21% del total ofrecido.

Jueves 22 de Junio de 2017.- El gobierno finalizó este miércoles una exitosa colocación de dos bonos en pesos, con oferta simultánea en los mercados locales e internacionales. Tal como se informó en su oportunidad, la operación consistió en la reapertura de dos bonos denominados en pesos, con vencimientos en los años 2021 y 2035, en línea con el compromiso de reforzar referencias en dichos plazos.

Los instrumentos colocados fueron el Bono en pesos con vencimiento en 2021 (BTP-2021), por un monto de $675.000 millones, y el Bono en pesos con vencimiento en 2035 (BTP-2035), por un monto de $660.000 millones. Las tasas de adjudicación fueron de 3,6% para el BTP-2021, es decir, 0 puntos base por sobre el promedio del mercado secundario del día anterior; y de 4,6% para el bono BTP-2035, 10 puntos base por sobre el mercado secundario del día anterior.

Mediante esta operación se concluye el plan de endeudamiento para el año 2017, exceptuando aquellas operaciones ya anunciadas y por realizarse mediante el Sistema de Operaciones de Mercado Abierto (SOMA) que se ejecutan a través del Banco Central de Chile, en su calidad de Agente Fiscal.

Adjudicación a Inversionistas Institucionales Internacionales

La adjudicación se llevó a cabo mediante un proceso de construcción de libro extra-bursátil (OTC) o book-building, similar al realizado en enero de este año. De conformidad con la agenda de integración financiera que impulsa el gobierno de Chile, esta oferta de venta de bonos locales denominados en pesos se realizó de manera simultánea en los mercados internacionales, de conformidad con las reglas 144A (“Rule 144A”) y la regulación S (“Regulation S”), emitidas bajo la ley de mercado de valores de 1933 de Estados Unidos de América. Es decir, se construyó un libro de órdenes en el cual pudieron participar tanto inversionistas locales como inversores internacionales de manera simultánea.

De esta manera, la adjudicación a inversionistas extranjeros correspondió a $130.822 millones para el caso del Bono BTP-2021, y de $149.269 millones para el bono BTP-2035, lo que representa un 19% y 23% del total adjudicado, respectivamente, y refleja el interés de los inversores extranjeros en los bonos de la República de Chile. Esta porción asignada a inversionistas extranjeros será mantenida inicialmente en la cuenta de Euroclear Bank S.A./N.V. en el Depósito Central de Valores, y podrá ser transada en dicha plataforma.

Para esta ocasión, los bancos coordinadores de la operación fueron Citigroup Global Markets Inc., Bank of America Merrill Lynch y Santander Investment Securities Inc., contratados por el Ministerio de Hacienda en representación del Emisor.

Chile

El evento reunirá por primera vez a los ministros de los tres tribunales ambientales del país, a la Corte Suprema, Contraloría y Ministerio de Medioambiente.

Jueves 22 de Junio de 2017.- El Tercer Tribunal Ambiental de Chile convocó para este 23 de junio al Seminario Internacional “Responsabilidad por daño ambiental: Desafíos y nuevas tendencias”. La actividad se realiza físicamente en el Hotel Dreams de Valdivia, y podrá ser vista íntegramente vía streaming a través de www.3ta.cl

Mediante la cuenta de twitter @3tacl, donde  se actualiza la información del evento, se indicó que el objetivo del seminario es “difundir el estado actual del debate sobre la problemática ambiental, específicamente en relación con el daño ambiental, sus mecanismos de prueba y reparación, tipificaciones comparadas, aplicación económica, entre otros”.

Los organizadores ya confirmaron la presencia del Ministro de Medioambiente, Marcelo Mena; el Presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch; y el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, incluyendo además a los integrantes de los tres tribunales ambientales del país.

Actividad previa

Se anunció además que el 22 de junio, desde las 17: 30 horas, se realizará en la Sala Deloitte de la Facultad de Economía de la Universidad Austral, un taller sobre “Avances y Desafíos para un Economía Sustentable”, en el cual el Ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, hablará sobre “Riesgo ambiental e instrumentos económicos”; mientras que el destacado economista ambiental y ministro del Tercer Tribunal Ambiental de Chile, Roberto Pasten, presentará la investigación titulada “25 años de estudio de la relación entre crecimiento y medioambiente”; y Rodrigo Cerda, Director Alterno del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales (CLAPES) de la Pontificia Universidad Católica de Chile, expondrá sobre “Cambio climático, costo energético y vulnerabilidad de hogares en Chile”.