Blog-Posts from oct 02, 2012

Chile

La autoridad presentó su dimisión tras la adjudicación a SQM de la licitación para la explotación de litio, pese a tener juicios vigentes con el Estado de Chile.

02 de Octubre 2012.- El subsecretario de Mineria, Pablo Wagner, presentó su renuncia tras la invalidación del proceso de licitación de los Contratos Especiales de Operación del Litio (CEOL), que había sido adjudicada el lunes pasado a la empresa SQM.

Fuentes de Palacio confirmaron la información, luego que la autoridad llegara a La Moneda para reunirse con el Vicepresidente de la República, Rodrigo Hinzpeter y el Vocero de Gobierno, Andrés Chadwick.

Wagner se desempeñaba como el presidente del Comité Especial de Licitación (CEL) y fue esta instancia la que anuló el proceso tras la denuncia de la Minera Li Energy Spa.

La firma asiática acusó que SQM- ligada al empresario Julio Ponce Lerou- mantenía juicios vigentes contra el Estado, en circunstancias que las bases exigían que los postulantes no tuviesen este tipo de litigio.

Pablo Wagner, que asumió el 11 de marzo de 2010 sus funciones en la subsecretaría de Minería, es ingeniero comercial y MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile con estudios de posgrado en la Universidad de Austin Texas, Estados Unidos. Casado y padre de 5 hijos, ha sido director y gerente de varias empresas nacionales e internacionales.

Según se lee en su perfil en la página del Ministerio de Minería, Wagner es autor de textos universitarios y cuenta con una amplia experiencia docente, dictando cursos de pregrado y posgrado.

Wagner fue además vicepresidente nacional de la Juventud UDI y miembro de la Comisión Política del mismo partido.

Emol
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Chile

Diversos litigios que la compañía mantenía con el fisco detonó inédita decisión.

02 de Octubre 2012.- A las 20.30 de ayer lunes, el ministerio de Minería sorprendió a todos.

En un escueto comunicado de sólo dos líneas anunciaba la nulidad de la concesión de explotación de litio asignada a SQM hace apenas una semana.

“Con fecha 1 de octubre de 2012, el Comité Especial de Licitación (CEL) se reunió para tomar conocimiento de la solicitud presentada por Minera Li Energy SpA. Sus integrantes han resuelto declarar de oficio la invalidez de todo el proceso licitatorio”, señalaba la declaración pública.

La determinación se sustenta en el incumplimiento del punto “e” de la “Resolución Exenta N°2659, de 25 de septiembre de 2012, que Adjudica Licitación Pública Nacional e Internacional para la Suscripción de un Contrato Especial de Operación para la Exploración, Explotación y Beneficio de Yacimientos de Litio”, la cual validaba los postulantes, argumentando que no había “requisitos administrativos rechazados o declarados fuera de bases” por parte de las empresas oferentes.

Este punto fue el impugnado por la compañía Li Energy -que formó parte de uno de los consorcios involucrados en el proceso- y que interpuso una solicitud de invalidación, debido a los recursos judiciales que SQM, la firma ganadora, mantenía con el Estado.

“Se declara de oficio la invalidez de todo el proceso licitatorio” y “se acredita que Sociedad Química y Minera de Chile S.A. ha incumplido las bases de licitación”, informaron ayer los integrantes del mismo Comité.

POLÉMICO PROCESO
Desde el comienzo, el triunfo de SQM generó ruido en el mercado.

No sólo por los litigios con el fisco denunciado por Li Energy Spa, sino que se objetaba que la concesión haya sido asignada a la empresa que actualmente lidera la explotación de este mineral en Chile.

De hecho, fue el propio subsecretario de Minería, Pablo Wagner, quien declaró el pasado viernes que, de comprobarse la denuncia de Li Energy, la concesión se podría anular e iniciar un nuevo proceso.

“Lo que tenemos que hacer es analizar detenidamente los antecedentes que nos llegan, cuando existe una solicitud por parte de una compañía, lo que es lógico y común en licitaciones como esta. Tenemos la obligación de analizar su requerimiento y formarnos una convicción a través de las consultas y el análisis que hagamos; eso puede ser que se rechace o se acepte. Si se rechaza, el proceso con el adjudicatario como está sigue comúnmente; si se acepta, las alternativas son dos: o declarar desierta o adjudicar al segundo si cumpliera con todos los requisitos”, dijo Wagner a La Tercera.

LA LICITACIÓN
SQM ofreció una cantidad de $19.301 millones (equivalente aproximadamente a US$ 40,9 millones) por los derechos a explotar una cantidad total de 100.000 toneladas de litio (aproximadamente 532.000 toneladas de carbonato de litio) por un período máximo de 20 años a partir de la fecha de firma del contrato.

Este proceso de licitación fue calificado como “clave” por el propio gobierno, pues según la autoridad Chile posee el 41% del mercado mundial de litio, y el 25% de las reservas del recurso.

La cantidad ofrecida por SQM superó largamente a las sumas presentadas por los otros competidores. Posco Consortium (Li3 Energy, Posco, Mitsui y Daewoo), presentó una suma de $ 8.256 millones, mientras que NX Uno de Peine (Grupo Errázuriz y Samsung) tan sólo ofreció $ 2.750 millones.

EL MERCADO DEL LITIO
El negocio del litio es actualmente un mercado pequeño, que vende alrededor de US$700 a US$1.000 millones anuales. Mucho menos que los US$120.000 millones que arroja la industria del cobre.

Durante el año pasado, la demanda mundial del mineral alcanzó a 24.761 toneladas y se prevé que durante la década crezca al 7% anual, alza que estaría impulsada por el uso del mineral en la elaboración de baterías, que desde el año 2000 han aumentando su peso en la demanda por litio, desde 6% a 20% en 2008.

Durante el año pasado el mineral representó ingresos por US$204 millones para el país, es decir el 0,42% de las exportaciones mineras en ese año.

Asimismo, en 2011, Chile aportó el 37% de la producción mundial de litio, seguido por Australia, con el 30%; China, con un 15%, y Argentina, con un 12%.

Pulso
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Chile

El gerente general de la firma manifestó en cuanto al tiempo al que se debe reducir el visto bueno a las iniciativas de este sector, que podría ser a “mucho menos de la mitad”, desde los hasta siete años que demora hoy en día.

02 de Octubre 2012.- El gerente general de AES Gener, Felipe Cerón, señaló que frente a la actual crisis energética local, la principal solución está en agilizar el otorgamiento de permisos ambientales a los proyectos eléctricos –y también a las servidumbres–, proceso que a la fecha toma hasta siete años, sin contar la eventual judicialización de los detractores. 

“Pensamos que se debe agilizar, no significando relajar el sistema pero sí haciéndolo más eficiente, de manera seria y objetiva”, indicó. En cuanto al tiempo al que se debe reducir la aprobación de las iniciativas de este sector, el ejecutivo apuntó que podría ser a “mucho menos de la mitad”, si las autoridades cumplen con lo que está estipulado en la ley. 

—¿Piensa que los más altos precios de la energía en el país, se podrían traspasar en aumentos en las cuentas de luz a los clientes regulados?
—Al final de cuentas, lo que es negativo para la industria en general, siempre va a terminar siendo malo para todos, porque la energía es fundamental para el país. 

—¿Empeorará la situación del sector en el mediano plazo, considerando las trabas existentes para los proyectos de inversión eléctricos?
—Siempre se puede empeorar, sin embargo, creemos que no. Están entrando nuevos proyectos, nosotros por ejemplo, iniciaremos tres de acá a fin de año, y nuestra competencia esperamos haga lo mismo en algún momento. Hay que ir destrabando y agilizando las iniciativas.
 
—¿Cree, entonces, que la actual crisis energética tiene solución?
—El complejo escenario actual, mejorará al igual que el anterior, cuando enfrentamos junto a las autoridades en el año 2004 la crisis del gas argentino, que fue muy profunda, y salimos adelante de todos modos.  

Estrategia
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El propósito de esta separación se debe a que los accionistas de la empresa decidieron dar origen a una nueva sociedad y, a su vez, incursionar en otro tipo de negocios.

02 de Octubre 2012.- Tras una Junta Extraordinaria de Accionistas, Besalco Construcciones (filial de Besalco), de la familia Bezanilla, informó ayer a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), mediante hecho esencial, que se había acordado su división. 

El propósito de esta separación se debe a que los accionistas de la empresa decidieron dar origen a una nueva sociedad y, a su vez, incursionar en otro tipo de negocios. Así, se indicó la creación de Besalco Energía Renovable S.A., la cual se asignará los activos y pasivos de la filial dividida y que tienen relación con el área de generación de energía.

Asimismo, se indicó en el hecho esencial que “la participación accionaria de la nueva sociedad se distribuye en un 99,99999% para Besalco y el 0,00001% restante para Besalco Inmobiliaria”.

Estrategia
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El desarrollo tendrá una potencia instalada de 240 MW y busca abastecer a los proyectos mineros de la zona.

02 de Octubre 2012.- La compañía Mainstream Renewable Power, presentó ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) un proyecto por US$ 500 millones para desarrollar un parque eólico en la comuna de Freirina, en la Región de Atacama.

El proyecto

El desarrollo denominado Parque Eólico Sarco implica generar un máximo de 740 GWh /año de energía eléctrica con una potencia instalada de 240 MW. Todo esto a través de 95 aerogeneradores, de no más de 2,5 MW, de última generación, señala Mainstream Renewable Power y agrega que el proyecto también implica la construcción de una subestación de transformación eléctrica de salida, una subestación de transformación eléctrica seccionadora y redes de conducción aérea y subterránea. El aerogenerador de mayor envergadura contemplado para el Parque Eólico Sarco tendrá una altura de torre de 100 metros y un diámetro de rotor que llega a los 112 metros.

Energía para la zona

La compañía explica que este parque ayudará en la creciente demanda de energía eléctrica por parte de las actividades de la minería en la región como por ejemplo el Proyecto Caserones, Pascua Lama de Barrick; Relincho y Cerro Casale, entre otros. "Por lo cual la energía generada por el proyecto ayudaría a afrontar estas grandes demandas", explica en su presentación.

En total, se construirán 56 kilómetros aproximadamente de tendido eléctrico aéreo, desde las subestaciones para luego salir a la línea Maitencillo-Punta Colorada e ingresar al Sistema Intreconectado Central (SIC).

Bonos de carbono

Los desarrrolladores del parque eólico contemplan, además, la posibilidad de generar bonos de carbono asociados al desplazamiento de energía generada con combustibles fósiles en diferentes centrales proyectadas a futuro.

En caso de adoptar esta decisión, gestionarán la emisión de certificados de reducción de emisiones "a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto", señala la presentación.

Estos bonos, dice la empresa, favorecerán los indicadores financieros del proyecto, "debido a los ingresos generados por su venta, implicando finalmente una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero", puntualiza.

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Según un informe de la CCS y la AIC, estos envíos totalizaron los US$113 millones , los que en su mayoría fueron destinados a Perú.

02 de Octubre 2012.- De acuerdo a un estudio realizado por la Coalición de Exportadores de Servicios de la CCS y la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería (AIC), las exportaciones de servicios de ingeniería de consulta alcanzaron los US$113 millones durante el primer semestre del año en curso.

Asimismo, el informe revela una caída del 12% en el segundo trimestre en relación al primero. En efecto, el monto exportado en el segundo trimestre llegó a US$ 53 millones, por debajo de los US$ 60 millones reportados en el primer trimestre.

Las cifras del primer semestre 2012, en tanto, representan una disminución acumulada de 6,3% con respecto a igual período del año anterior.

Esta caída en las exportaciones se debe a la detención de algunos proyectos en los cuales estaban por iniciarse los estudios de factibilidad, vinculados principalmente al sector de la minería.

Las detenciones o aplazamientos de proyectos se han producido principalmente por razones medioambientales o demandas de comunidades indígenas. Por ejemplo en Perú, principal destino de las exportaciones, las cifras de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) de ese país indican que 43 proyectos minero-energéticos por un monto de US$ 25.000 millones se encuentran atrasados a causa de conflictos sociales y trabas burocráticas.

Con respecto a los destinos de las exportaciones, el estudio muestra que durante el segundo trimestre se mantuvo la alta concentración en Perú, país que captó el 60% del total de los envíos de ingeniería de consulta. Sin embargo, debido a los problemas ya señalados, la participación de este país cayó en casi 20 puntos porcentuales respecto al primer trimestre. Esta situación favoreció la importancia de Argentina, que pasó de 7% en el primer trimestre al 26% en el segundo. Colombia, en tanto, desplazó a Canadá del tercer lugar, alcanzando un 5% de participación

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Tomás Martínez de Xstrata estará a cargo de la vicepresidencia de administración y servicios.

02 de Octubre 2012.- La Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi (44% Xstrata y 44% Anglo American), comunicó que "a partir del trabajo de intervención efectuado por un equipo de representantes de sus accionistas, se hicieron una serie de cambios en la estructura organizativa de la empresa y en posiciones ejecutivas". Este trabajo evaluativo encargado por la mesa directiva de la compañía para mejorar los bajos resultados, fue efectuado por una treintena de profesionales, tanto de Xstrata como de Anglo.

La compañía liderada por Miguel Ángel Durán, de Anglo American, y por Roberto Dorouiche, de Xstrata, anunció en concreto que a partir del 26 de septiembre, la nueva estructura está conformada de la siguiente manera: presidentes ejecutivos: Roberto Darouiche y Miguel Ángel Durán; Álvaro Soto, gerente de seguridad y salud ocupacional (i); Michael Farrelly, VP finanzas y ventas; Fernando Hernández, VP recursos humanos; Tomás Martínez, VP administración y servicios; Mario Quiñones, VP de desarrollo (i); Deepak Bhasin, VP proyectos de expansión; Alejandro Vásquez, VP de operaciones mina; Fabián Pérez, VP operaciones concentradora (i), Ana Salazar, VP de servicios operacionales. El VP legal, de asuntos corporativos y comunidades, Juan Carlos Palma, asumió como VP de sustentabilidad –incluyendo también medio ambiente y eficiencia energética-.

La salida más connotada de este grupo, es la de Carlos Finat, ex gerente de energía de la firma. Ahora Tomás Martínez, quien ejercía como gerente general de administración y servicios de Xstrata para América del Sur, estará a cargo de la vicepresidencia de administración y servicios, que concentrará la gerencia de suministros estratégicos. Precisamente esta última cartera verá los temas de energía que antes eran liderados por Carlos Finat.

Esta salida se suma a la salida en julio pasado de Giancarlo Bruno en la presidencia ejecutiva de la mina, y a la de principios de este mes, cuando fueron prescindidos Fernando Saavedra, vicepresidente de operaciones de la mina del yacimiento, y Leonardo Canales, gerente de seguridad y salud ocupacional.

En el primer semestre de este año, Collahuasi anotó un descenso del 38% en su producción comparada con el mismo ejercicio del año anterior. En total, fueron 145.227 toneladas de cobre fino producido, versus las 500.000 anuales que ostenta históricamente en promedio.

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Agrega además que existió un proceso de socavamiento del prestigio de la Comisión Nacional del Medioambiente.

02 de Octubre 2012.- "La judicialización que estamos experimentando visiblemente el último tiempo no es nueva. Es un  fenómeno que viene produciéndose durante largo tiempo", señala Mario Galindo, abogado de Vergara, Galindo & Correa, que ha representado a varias firmas, entre ellas a HidroAysén y el proyecto minero El Morro. Según el abogado, el problema de la situación actual es "que nos habíamos acostumbrado a un estándar de control distinto al que se está utilizando actualmente. Eso es lo que ha cambiado fundamentalmente".

-¿En qué sentido?
-Antes las cortes revisaban RCA, pero lo hacían con un estándar de revisión de alta deferencia técnica. Es decir, confiaban mucho en la resolución técnica de la administración y tendían a validar lo resuelto por ésta. Y, entre más complejo era el tema, mayor era la deferencia que tenían con la resolución administrativa. Con ese sistema de control el número de recursos de protección acogidos era muy bajo y siendo muy bajo, el tema de la judicialización no era una preocupación relevante ni para la administración ni para los inversionistas.

-¿Cuándo cambió eso?
-El cambio radical se está produciendo desde hace uno o dos años, a partir de  la aplicación del Convenio 169 de la OIT en Chile. Ahí se notó una mayor intensidad del control, una mayor intervención de los tribunales en las decisiones de la administración y se comenzó a notar un mayor número de recursos de protección acogidos que dejaban sin efectos RCA por no haber cumplido, a juicio de la Corte, los estándares de consulta del convenio. Actualmente existe una convicción, que aparece de los fallos de la Corte, de que el estándar de control es otro.

-¿Por qué cambió este control? ¿La administración empezó a fallar o la corte decidió hacer este cambio?
-Las dos cosas. Es decir, la Comisión Nacional del Medio Ambiente por muchos años tuvo un alto prestigio bien ganado, pero recibió críticas y descalificaciones a su función provenientes incluso de sus propios directivos. Existió un proceso de socavamiento de su prestigio y, en consecuencia, sus conclusiones empezaron cada vez a ser menos respetadas(...). En segundo lugar, es claro que en los últimos años se produjo una renovación prácticamente completa de la sala constitucional de la Corte Suprema y eso ha influido en los criterios que los jueces aplican en sus controles. (...) Los jueces, en la Corte Suprema, en muchos casos se forman su propio juicio con independencia de lo resuelto por la administración.

-Debido a la naturaleza técnica de estos temas ¿debería existir esta deferencia?
-Esa es una discusión que se ha dado en muchos países (...). Por diversos sectores se reclama el reconocimiento de las competencias técnicas de los organismos de la administración y una necesaria deferencia de los tribunales hacia esas competencias. (...) En Chile no existe una regulación específica sobre esa materia por lo que se procede según convicciones, más que en base a estándares legales suficientes de control. Lo que a mi me parece complejo es que este control tan intensivo se haga a través del (...) recurso de protección, que es una acción de amparo, de procedimiento rápido, breve, eficaz, donde no se rinde prueba, donde no hay informes periciales, inspecciones oculares, no hay prueba suficiente ni oportunidad de debatirla. En consecuencia, no lo considero un procedimiento apropiado para este tipo de revisión tan intensiva.

-¿Cuál sería el mejor?
-El método más apropiado es a partir de un estándar legal claro. Un estándar conocido por todos desde un inicio, que se sepa cuáles van a ser las facultades del tribunal, el límite de la jurisdicción, y que se sepa qué es lo que va a poder hacer un tribunal respecto de lo actuado por la autoridad administrativa.

-¿Existe ahora?
-Ahora no, pero podría existir con los tribunales ambientales.

-¿Se acabarán entonces los recursos de protección en la Suprema con estos tribunales?
-No, seguramente eso no sucederá.

-¿Entonces qué pasará con la judicialización?
-Creo que va ir aumentando la ligitiosidad y se va a ir complejizando también. (...) De otra forma, si no queremos acostumbrarnos a vivir con esto, tenemos que legislar de nuevo y establecer otro sistema de control. Pero eso parece más bien insensato sin siquiera haber probado el funcionamiento de lo que se acaba de aprobar.

-¿Entonces si no queremos tanta judicialización debería legislarse de nuevo?
-Habría que hacerlo y convengamos en que no sería una legislación fácil ni que uno quiera promover, porque en el fondo sería una restricción al libre acceso a los tribunales de justicia y esa una cuestión a lo que los chilenos no estamos acostumbrados.

DF
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Chile

Generadoras y transmisoras proponen soluciones que permiten avanzar en los temas más complejos de la industria, mientras se tramitan leyes de largo plazo.

02 de Octubre 2012.- En la reciente cumbre entre empresarios de energía y minería con el gobierno, que tuvo por objetivo hacer un diagnóstico de la frágil situación energética que aqueja al país, para luego dar paso a soluciones, hubo un par de propuestas que generaron bastante consenso en los asistentes, y que atacan el problema a corto plazo. Dentro de ellas, está la que expuso el gerente general de la generadora Endesa Chile, Joaquín Galindo, quien sostuvo una vez terminado el evento que "estamos todos de acuerdo del diagnóstico de la situación energética del país, y en gran parte de las soluciones".

Endesa y libre acceso para terminal de GNL

Joaquín Galindo planteó que en el corto plazo, y a causa de un retraso en los proyectos de generación y fundamentalmente de transmisión, "se está concentrando una situación muy anormal en el SIC norte, que son precios muy altos, en comparación a los precios del sur. Precisamente en el norte hay clientes privados que le están haciendo frente a unos costos marginales muy elevados".

La solución que plantea Galindo es que hay que mejorar o "liberar el acceso en el terminal de Mejillones, y hacer una operación de Open Season parecida a la que hemos hecho en el GNL Quintero". Esto permitiría a determinadas instalaciones que están ubicadas en el SIC norte -como puede ser Tal Tal- "suministrar y hacer reducir los precios en el norte del SIC", explicó Galindo, y agregó que "esto significaría facilitar el acceso a terceros a largo plazo...No estamos hablando de freeriders, si no que de contratos a largo plazo para abastecer a centrales del norte".

Otra alternativa, comentó Galindo, pasaría por "transitoriamente" incorporar nuevas tecnologías que "suplan el déficit de capacidad que hay en la transmisión, que permitan relajar las condiciones de seguridad y que bajen los precios. No es lo óptimo, lo fundamental es que estén construidas las líneas y las centrales a tiempo, pero sería una forma transitoria de bajar estos precios altos".

En tanto, en las medidas de largo plazo, el gerente de Endesa consignó que se tienen que efectuar soluciones estructurales para aumentar la oferta. "Esto pasa necesariamente por aumentar las construcciones de centrales, y a la vez, esto se logra facilitando y agilizando las tramitaciones ambientales y sectoriales. Este es otro gran frente de trabajo, y creo que el gobierno ha tomado nota, y nosotros estamos dispuestos a seguir colaborando para llevarlas a buen término", opinó.

Transelec y las tres líneas fundamentales

Por su parte, el gerente general de la empresa de transmisión Transelec, Andrés Kuhlmann, durante su intervención en la cumbre empresarial que hacia 2015 se tendrán "graves problemas de transmisión en el norte chico", lo que redundará en importantes aumentos de costo en la generación. Para paliar lo anterior, el ejecutivo indicó que "en el corto plazo, creo que las propuestas a considerar tienen un costo muy inferior a los impactos que se vendrán si no hacemos nada en las áreas 'cuello de botella'". Por lo mismo planetó a la autoridad que se estudien los aumentos de capacidad de las líneas Maitencillo-Cardones, Los Vilos-Pan de Azúcar, y la línea de 500 kv Charrúa-Ancoa. Kuhlmann consignó que estas propuestas serían complementarias a los sistemas que actualmente se están licitando. A su juicio, estas medidas de corto plazo en el área de transmisión implicarían inversiones por unos US$90 millones. El ejecutivo de Transelec sostuvo que estos sistemas efectivamente van a ser útiles, y son absolutamente necesarios, y subrayó que "ahí sí que estamos contra el tiempo. Mientras más nos demoramos en analizar estos proyectos, más problemas vamos a tener".

Finalmente, Kuhlmann aseveró que en cuanto a aspectos medioambientales de corto plazo, es fundamental aprovechar la instancia de revisión del reglamento del Servicio de Evaluación Ambiental para disminuir los espacios de discrecionalidad, y dar mayor certeza al inversionista.

Al alero de la cumbre pro inversión, el gerente general de la generadora AES Gener, se unió al diagnóstico de Kuhlmann, y añadió que hay que fortalecer el sistema de transmisión. "Se le puede agregar bastante tecnología que lo haría más eficiente, y para el largo plazo, habrá que tener más flexibilidad en la planificación", dijo.

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Ayer se especulaba respecto a su continuidad en el cargo.

02 de Octubre 2012.- El subsecretario de Minería Pablo Wagner fue el encargado de llevar adelante todo el proceso de licitación de litio, luego de que el ministro Hernán de Solminihac tuviera que inhabilitarse pues su hermano Patricio es vicepresidente ejecutivo de SQM. Es así como Wagner tomó las riendas del proceso y por lo mismo, hoy queda en una incómoda posición, tras la caída del concurso que dio como ganador de la adjudicación de SQM.

Es el presidente de la República Sebastián Piñera quien deberá tomar una decisión respecto a su continuidad en el cargo, señalaron fuentes del ministerio. El primer mandatario estaba en Iquique, en una escala técnica pues el avión que lo transportaba a Lima sufrió un desperfecto técnico, cuando se hizo pública la determinación.

Hasta la semana pasada tanto Wagner como el ministro de Economía, Pablo Longueira, defendieron la adjudicación a SQM, incluso cuando ya habían surgido las críticas.

De hecho, Longueira declaró que "los únicos que hemos ganado somos los chilenos que hemos sabido vender el derecho a explotar un recurso mineral sin modificar que el litio sea del Estado". Ante los dichos de Francisco Javier Errázuriz -cuya empresa salió última en la licitación-, quien indicó que era probable que SQM no hiciera uso de la opción de explotar el litio, Longueira dijo: "entonces hemos recibido la donación más grande que ha tenido el Estado" .Wagner agregó que era "totalmente absurdo" que SQM no explotara el mineral.

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La licitación quedó en fojas cero y ahora se deberá tomar la decisión de si habrá o no un nuevo concurso para explotar este mineral.

02 de Octubre 2012.- Ocho días después de que SQM se adjudicara la licitación de explotación del litio, no sólo la firma sino que también el Ministerio de Minería que llevaba el proceso adelante sufrieron un duro revés ayer, cuando este último tuvo que declarar la invalidez de todo el proceso tras las solicitud presentada por la firma china Li Energy SpA, que impugnó el proceso alegando que SQM mantenía litigios pendientes con el Estado y que, atendiendo las bases del concurso, este hecho le impedía participar a la compañía liderada por el empresario Julio Ponce.

Ahora, el proceso vuelve a fojas cero y se deberá decidir si se hace una nueva licitación o se detiene indefinidamente. Y, de paso, quedó en manos del presidente Sebastián Piñera, la decisión respecto del futuro del subsecretario Pablo Wagner quien fue el encargado de liderar todo el proceso, tras la inhabilitación del ministro de Solminihac, por ser hermano de un alto ejecutivo de SQM.

La impugnación de Li Energy

Es así como atendiendo los antecedentes presentados por la firma, ayer el Comité Especial de Licitación (CEL), presidido por el subsecretario de Minería Pablo Wagner, resolvió invalidar el proceso. A través de un comunicado señaló que "se toma conocimiento de la solicitud de invalidación presentada por Minera Li Energy SpA (...) Se acredita que SQM ha incumplido las bases de la licitación (...) Se declara de oficio la invalidez de todo proceso licitatorio".

La resolución fue adoptada con el voto favorable y unánime de todos los miembros del CEL: Pablo Wagner; Jimena Bronfman, jefe de la división jurídica del Ministerio de Minería; Andrés Mc-Lean, vicepresidente ejecutivo de Cochilco; Julio Poblete director nacional (P) de Sernageomin y Alicia Undurraga, jefe de Asuntos Internacionales del Ministerio de Minería.

Li Energy participó en la licitación a través del consorcio Posco Consortium, compuesto también por Posco, Mitsui y Daewoo. El lunes pasado SQM se adjudico el primer contrato de operación de litio (CEOL) ofrecido en Chile. SQM ofreció US$ 40,9 millones por los derechos a explotar 100 mil toneladas de litio por un periodo máximo de 20 años. Atrás quedaron Posco Corsotium y NX Uno de Peine (Grupo Errázuriz y Samsung). Dos días después Li Energy se enteró que habían litigios entre SQM y el Estado por lo que comenzaron a recabar antecedentes y luego decidieron solicitar al CEL la invalidación del proceso. La presentación fue hecha a título personal y no a nombre del consorcio en el que participaban para poder actuar con rapidez.

Ahora, lo que se le critica en el sector a SQM es que si consideró que los litigios que mantenía con el Estado no eran relevantes debió haber consultado de todas maneras ante el CEL. Asimismo, se abre la interrogante de por qué, frente a una licitación importante y estratégica, el CEL no ponderó estos antecedentes de las empresas que concurrieron.

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Chile

El CEL acreditó que SQM incumplió las bases de licitación, tal como denunció la semana pasada la Minera Li Energy Spa. La firma acusó que SQM mantenía juicios vigentes contra el Estado, en circunstancias que las bases exigían que los postulantes no tuviesen este tipo de litigio.

02 de Octubre 2012.- Por unanimidad, los cinco miembros del Comité Especial de Licitación (CEL) invalidaron ayer el proceso de licitación del litio y la adjudicación a SQM de un nuevo contrato que le permitía explotar hasta 100 mil toneladas métricas en 20 años.

La determinación fue adoptada ayer en una reunión que partió a las 11 de la mañana en las oficinas del Ministerio de Minería. Por unas seis horas estuvieron analizando el tema el presidente del CEL y subsecretario de Minería, Pablo Wagner; la jefa de la división jurídica del Ministerio, Jimena Bronfman; el vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Andrés Mac-Lean; la jefa de asuntos internacionales de Minería, Alicia Undurraga, y el director nacional de Sernageomin, Julio Poblete.

El CEL acreditó que SQM incumplió las bases de licitación, tal como denunció la semana pasada la Minera Li Energy Spa. La firma acusó que SQM mantenía juicios vigentes contra el Estado, en circunstancias que las bases exigían que los postulantes no tuviesen este tipo de litigio. SQM, firma controlada por Julio Ponce Lerou, respondió que no tenía procesos vigentes y que en realidad poseía 49 reclamaciones judiciales por servidumbres y derechos de agua.

Ayer, el CEL indicó que “se acredita que Sociedad Química y Minera de Chile S.A. ha incumplido las bases de licitación”. Las posturas más fuertes en esta dirección dentro del CEL las tuvieron Andrés Mac-Lean y Julio Poblete, indicaron fuentes conocedoras del proceso. En tanto, Wagner y Bronfman estaban más dispuestos a buscar una salida.

Las mismas fuentes indicaron que a partir del jueves, cuando se conoció que SQM tenía litigios contra el Estado, había claridad en el gobierno que el proceso se podía invalidar. Esto, porque no había mucho sustento para defender el proceso y, además, porque en el Ejecutivo no compartían el argumento que en el primer momento entregó Wagner respecto a que los juicios de SQM eran contra el Fisco y no contra el Estado. Wagner lideró todo el proceso de licitación, ante la inhabilitación del ministro Hernán de Solminihac, hermano de un alto ejecutivo de SQM.

Aunque la reunión del CEL culminó pasada las 17 horas, Wagner también aprovechó para reunirse a las 13 horas con el Contralor de la República, Ramiro Mendoza, y conversar de este tema.

El comité del CEL declaró, además, la invalidez de todo el proceso licitatorio, con lo que el concurso quedó desierto. SQM ganó la licitación tras ofrecer US$ 40 millones, el consorcio Posco -integrado por Posco Ltd, Mitsui & Co Ltd, Daewoo International Corp y Minera Li Energy Spa- ofertó US$ 19 millones y la firma del grupo Errázuriz, Sociedad Legal Minera NX UNO de Peine, presentó una propuesta por US$ 5 millones.

Según fuentes del gobierno, Wagner quedó en una posición delicada tras el fracaso de la licitación. Las fuentes indicaron que en La Moneda están abiertos a la posibilidad de pedirle o no la renuncia. También está la opción de que él ponga su cargo a disposición del Presidente.

Las principales críticas del Ejecutivo apuntan a que no se gestionó bien el proceso de licitación. Aunque Wagner en los últimos días defendió su posición, indicando que tenía dos cartas de ejecutivos de SQM declarando que no tenían litigios pendientes contra el Estado, esta es una información que debió chequear el área jurídica de la cartera.

“Es lo que correspondía”

Cristián Quinzio, abogado que representa a la empresa Minera Li Energy Spa (Li3), afirmó que el que la operación sea declarada desierta es una buena noticia. “Me alegra que haya primado la razón. Eso es lo que correspondía (...). Me alegro que no se produzca una concentración mayor a la que ya hay en el mercado del litio y que se dé la posibilidad a nuevos actores para entrar en este mercado”, agregó.

En un comunicado, Luis Sáenz, CEO de Li3, indicó que “estamos un poco sorprendidos por esta acción intempestiva. Es una pena que el resultado final sea una licitación desierta. Como empresa, ya asumíamos que no tendríamos el CEOL después de los resultados iniciales. Así es que seguimos evaluando las alternativas para avanzar nuestro proyecto”,

Por ahora, el Ministerio de Minería no tendría previsto impulsar otra licitación, proceso que fue cuestionado por parlamentarios de oposición que acusaron que no era legal entregar a privados la explotación del mineral.

La decisión de insistir en la licitación debería adoptarla el Presidente Piñera, dicen en La Moneda (LTOL).

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Bolivia

La minería que extrae recursos naturales, tiene que aportar al Estado boliviano...

02 de Octubre 2012.- El presidente en ejercicio Álvaro García Linera planteó ayer crear nuevos mecanismos que mejoren el rendimiento de la minería boliviana, a través del trabajo que realiza el asalariado (estatal) y cooperativista (privado), en beneficio del Estado.

García Linera explicó, en conferencia de prensa, que la explotación de los minerales, como recursos no renovables, deben beneficiar y fortalecer el desarrollo del país.

“La minería que extrae recursos naturales, tiene que aportar al Estado boliviano, es decir a todos los bolivianos, es un recurso natural no renovable y el rendimiento trabajador del sistema cooperativo en favor del estado, el rendimiento trabajador del sistema estatal es reducido, hay que ver mecanismos para que el aporte que hace el asalariado y el cooperativista en favor de todos los bolivianos, mejore”, indicó, según ABI.

Asimismo, dijo que es un “gran reto” para el Gobierno, implementar componentes técnicos en el proceso de explotación de la minería boliviana para mejorar su productividad.

En esa línea, resaltó la transformación que asumió la minería boliviana en los últimos años, al afirmar que se logró consolidar un trabajo coordinado entre los mineros asalariados, cooperativistas y el Gobierno central para el beneficio de los bolivianos.

“La constitución y el Gobierno ha definido con claridad una política minera de mediano, de corto y de largo plazo, esa política minera se traduce en volver a posicionar a Bolivia como un país minero”, subrayó.

FMBolivia.com
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Argentina

La empresa brasileña Vale está "blindada" políticamente por el apoyo de la presidenta Cristina Fernández, quien ha respaldado cada acción de esa firma, a pesar de que el control lo tiene la provincia. Mientras, en Neuquén y Mendoza se agudizan los reclamos, con la UOCRA como agitador.

02 de Octubre 2012.- La noticia sorprendió en Mendoza, pero no en el Sur de la provincia. El conflicto generado por un grupo de desocupados que exigen ser contratados por la minera Vale en el proyecto Potasio Río Colorado se venía macerando hace tiempo, de los dos lados del río: en Neuquén hay fuertes reclamos por la demora en la construcción de la red ferroviaria y otras instalaciones, y en el Sur de Mendoza crece la queja de pequeños empresarios locales y también de trabajadores que buscan respuesta a la promesa de trabajo. En ambos casos la UOCRA, el gremio de los trabajadores de la construcción, agita el conflicto.

El escenario principal del conflicto está a más de 300 kilómetros de Malargüe, en plena estepa patagónica, donde se montó una ciudad con su propia lógica, para, en algunos años, se extraer la sal de potasio. Anoche un grupo de cerca de 100 personas llegaron en trafic para hacer un piquete en la puerta de la "ciudad minera" armada en el lugar. Allí hablaron con representantes de la UTE que tiene a su cargo la construcción de la mina, pero la tensión aumentó cuando quisieron avanzar hacia el campamento, donde se alojan los casi 4 mil obreros que están trabajando en el lugar. La mina es custodiada por vigiladores privados. Por eso los manifestantes fueron "acompañados" por 10 policías, y se enviaron otros oficiales desde San Rafael para reforzar la seguridad.

Justamente la distancia del yacimiento con cualquier localidad mendocina complica comprender lo que pasa. Pero una de las aristas es que es un conflicto que de un lado "no tiene rostro". Es que la empresa brasileña Vale tomó como política no mostrarse; tanto que no tiene representantes visibles en Mendoza, a pesar de que en la ciudad tienen sus oficinas en pleno centro.

Vale es una empresa minera manejada por el Estado brasileño y es el concesionario de la mina de sal de potasio, sobre la cual tiene derechos de explotación del yacimiento por al menos 50 años. Pero actualmente tiene delegada la construcción de la mina en otras firmas; concretamente en Odebrecht y Techint, que forman la UTE Consorcio Potasio Río Colorado, que es el principal "empleador" del lugar. Allegados a esa empresa aseguraron que seguirán los caminos acordados para contratar personal, principalmente a través de los mecanismos establecidos por la Municipalidad de Malargüe. De la misma manera aseguran que en ese departamento hay "pleno empleo" por la actividad minera.

Cuando se produjo la "toma" de la mina, el lugar ya estaba sin actividad, pues era de noche. Las dudas estaban puestas en cómo seguiría durante la madrugada el conflicto, pues la tensión iba en aumento.

En el grupo de personas que participan de la protesta hay desocupados, algunos ex trabajadores del lugar, otras personas que hicieron los trámites para trabajar pero aún no habían sido convocados. También se mencionó que había personas que habían sido despedidas por mala conducta. El temor de fondo es que en la mina se genere un grupo de choque como los "Dragones" de Santa Cruz.

Con el apoyo de Cristina

Aunque Vale extraerá recursos minerales de Mendoza y con la provincia firmó todos los convenios necesarios, la empresa brasileña reporta directamente a Casa Rosada, obviando hasta el extremo cualquier relación local. Así lo han hecho sentir en cada oportunidad. El avance de ese emprendimiento es parte de un acuerdo entre las presidentas de Brasil, Dilma Russeff, y de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien "banca" todo lo que Vale hace.

De hecho, cuando había rumores sobre la posible suspensión de trabajos de la empresa, fue Cristina quien desmintió esas versiones y defendió a la empresa. Incluso aseguran que los rumores de "fuga" fueron generados para intentar calmar los reclamos locales. Por eso también en Vale se sienten "blindados" políticamente.

Sin embargo esas relaciones de alto nivel no logran disimular los conflictos, como el generado en Mendoza o en Neuquén, donde está frenada la construcción de la red ferroviaria (que está a cargo de la empresa brasileña Camargo Correa) que llevará las sales de potasio hasta el puerto.

El control ambiental y administrativo de los trabajos en la mina está a cargo de la Secretaría de Ambiente de la provincia y de la Dirección de Minería. Ellos deben verificar que no haya problemas ambientales, pero también que se cumpla el "compre mendocino", que indica que el 75% de las empresas contratadas sean locales (siempre y cuando haya disponibles en los rubros buscados) y también que el 75% de los trabajadores sean de la provincia.

Los empresarios locales denuncian que en algunos casos se toman como contrataciones locales a empresas foráneas que se radican en Mendoza sólo para participar del proyecto.

Potasio Río Colorado es la inversión privada más grande de la Argentina, con más de 6 mil millones de dólares previstos. Esa cifra podría crecer y ese es uno de los problemas de fondo: la inflación impacta sobre el presupuesto y sería uno de los motivos de la demora de algunas obras (como la del ferrocarril). A otras empresas mineras les sucedió algo similar, como a Barrick en San Juan con el proyecto Pascual Lama, obligándolos a reevaluar los planes. La empresa brasileña Vale le compró el proyecto a la inglesa Río Tinto y tendrá la explotación por 50 años.

www.mdzl.com
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Internacional

La empresa australiana Berkeley, que pretende abrir dos minas de uranio en el oeste de Salamanca, contestará durante este mes a todas las alegaciones que han sido presentadas a su plan de explotación minero en los pueblos de Retortillo y Villavieja de Yeltes.

02 de Octubre 2012.-  La empresa australiana Berkeley, que pretende abrir dos minas de uranio en el oeste de Salamanca, contestará durante este mes a todas las alegaciones que han sido presentadas a su plan de explotación minero en los pueblos de Retortillo y Villavieja de Yeltes.Según han avanzado hoy fuentes de esta firma, las alegaciones a la calificación de 2.000 hectáreas para uso minero en Retortillo y Villavieja de Yeltes se están procesando estos días.

El Ayuntamiento de Boada, que limita con ambos municipios ha presentado varias alegaciones, al igual que el partido político Equo-Los Verdes.En ambos casos han alegado que la futura explotación minera conllevaría efectos negativos para el entorno medioambiental de la zona.Además, Berkeley también ha explicado hoy a EFE que en los últimos días han retomado las extracción de muestras metalúrgicas en Retortillo, para ahondar aún más en las potencialidades de uranio en este territorio.

El objetivo de Berkeley es que la mina de Retortillo pueda funcionar a lo largo del próximo año 2013.Para ello, una vez solventado el trámite de las alegaciones y dado el visto bueno del Gobierno regional, Berkeley elaborará un Plan de Labores Mineras para Retortillo y Villavieja de Yeltes.

En un comunicado de prensa emitido hoy por Berkeley, la empresa afirma que ha recibido la Certificación UNE 22480 de Gestión Minera Sostenible y la Certificación ISO 14001 de Gestión Ambiental, por lo que "se convierte en una de las primeras empresas mineras españolas en contar con la certificación de Gestión Minera Sostenible".Desde hoy, la empresa minera ha trasladado a todos sus empleados, un total de 33, al pueblo de Retortillo, donde ya han concluido las labores de construcción de las oficinas.

Berkeley también ha retomado estos días los sondeos metalúrgicos en el pueblo de La Alameda de Gardón, municipio fronterizo con Portugal donde los australianos pretenden poner en marcha la segunda mina de uranio.En la actualidad, no hay ninguna mina de uranio en la Unión Europea.

Lainformación.com
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Internacional

Glencore, dueño de Prodeco, que produjo 7.380.121 toneladas de carbón el año pasado, añadirá con esta fusión 10.652.647 toneladas que corresponden a la participación de Xstrata en Cerrejón. En total, ese 21% corresponde a 18 millones de toneladas producidas.

02 de Octubre 2012.- Tras un proceso de negociación del cual se ha venido hablando desde principios de 2012, Glencore finalmente pudo convencer a la junta de Xstrata sobre los beneficios que podría traer la fusión de ambas empresas, lo que dejaría a la nueva organización como la cuarta minera más grande del mundo, detrás de BHP Billiton, Vale y Río Tinto.

Esta posible fusión no solo serviría para aumentar la participación de las empresas en el panorama mundial. En Colombia, el nuevo consorcio se quedaría con casi una cuarta parte de la producción de carbón nacional, pues el 21% de la extracción de este mineral se excavaría de las minas ubicadas en el Cerrejón, en La Guajira, y en Prodeco, en el Cesar.

De esta forma, Glencore, dueño de Prodeco, que produjo 7.380.121 toneladas de carbón el año pasado, añadirá con esta fusión 10.652.647 toneladas que corresponden a la participación de Xstrata en Cerrejón. En total, ese 21% corresponde a 18 millones de toneladas producidas.

Pese a que la empresa quedaría siendo el jugador dominante del mercado, los expertos consultados por LR aseguraron que esta posición no determinaría una afectación en las leyes.

Explicaron que las regalías que debe dejar la organización deben ser exactamente las mismas que deja hasta el momento, a no ser que estén interesados en un nuevo título minero.

Para la presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), María Constanza García, 'por su naturaleza y alcance, la ANM hará seguimiento al cumplimiento de las obligaciones e inversiones establecidas en los contratos o títulos mineros en los que ambas empresas son accionistas respectivamente'.

En cuanto a las regalías, César Díaz, director de la Cámara Colombiana de Minería (CCM), señaló que 'ya están definidas por las unidades productivas y como tal se calculan, es decir, se establecen dependiendo de la producción, de cada una de las empresas, tal como lo dicta la ley'.

Adicional a ello, esta fusión se hace con el fin de mejorar las operaciones y las utilidades de las empresas en el panorama internacional. 'Colombia no tiene nada que ver en esta negociación y no hay manera en que el sector se pueda ver afectado por esta transacción', dijo el director de Colombia Punto Medio, Luis Álvaro Pardo.

El único inconveniente que podría ensombrecer esta fusión empresarial es que la compañía Prodeco ha tenido reiterados inconvenientes con sus empleados, a lo largo de este año, los cuales deberían resolverse cuanto antes.

Para el abogado y experto en minería, Ricardo Arquez, 'es posible que las utilidades para el territorio colombiano se vean afectadas, por los porcentajes a favor de la empresa explotadora, y de paso es posible que las obligaciones laborales que tiene actualmente Prodeco afecten a los trabajadores, a quienes no les han garantizado sus derechos'.

La transacción se haría por unos US$37.000 millones
De acuerdo con lo establecido por las dos compañías mineras, Glencore pagará 3,05 de sus acciones por cada una de la Xstrata, una cifra aproximada a los US$37.000 millones. Al día de hoy, Glencore es el mayor accionista de Xstrata, ya que cuenta con el 34 % de participación en la minera. Para que se de el acuerdo hacen falta aspectos jurídicos, ya que éste deberá ser aprobado por una instancia jurisdiccional.

Las opiniones

César Díaz
Director de la Cámara Colombiana de Minería
“Esta es una operación de carácter mundial, no se debe mirar con ojos locales. Por tal motivo, no se creará ninguna distorsión en el mercado”.

María Constanza García
Presidenta de la Agencia Nacional de Minería
“La ANM hará seguimiento al cumplimiento de obligaciones e inversiones establecidas en los contratos en los que ambas empresas son accionistas”.

La Razón 
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Colombia

Organizaciones manifiestan que un cambio de vocación económica generaría inestabilidad en la zona.

02 de Octubre 2012.- En Jericó, la renta de un apartamento pasó de 150 mil pesos a 350 mil en los últimos dos años. Los propietarios quieren arrendarles a los "nuevos ricos del pueblo": los geólogos e ingenieros de la minera.

De igual manera, en esta nueva cosecha las fincas de café -primer renglón económico de la zona- han tenido dificultades para conseguir trabajadores.
Antiguos caficultores que se ganaban el mínimo, ahora captan más de un millón de pesos ayudando en las labores de exploración que adelanta desde hace cuatro años la Anglogold Ashanti en la vereda Quebradona.
"El apoyo económico de la multinacional a instituciones del pueblo, como la Alcaldía, ha hecho que no se piense en las consecuencias sociales y ambientales que traería una eventual explotación a cielo abierto, cuando empiecen a usar cianuro y mercurio y dañen la capa vegetal de algunas zonas", afirmó Fernando Jaramillo, coordinador de la Mesa Ambiental de Jericó.
Esta misma preocupación la comparten varias organizaciones en Caramanta, Támesis, Valparaíso y Jardín, donde diversas empresas sobrevuelan, tienen hombres recolectando minerales por quebradas y fincas, y en muchos casos han instalado plataformas para hacer perforaciones de más de 300 metros para extraer muestras.
Según Claudia Cadavid, secretaria de Minas de la Gobernación de Antioquia, si bien más del 90 por ciento del territorio del Suroeste está entre solicitado y titulado para exploraciones, las estadísticas muestran que menos del uno por ciento, cuando tienen suerte, se explota.
"Es una situación preocupante. La legislación considera la minería como una actividad de interés público y no consulta a los particulares. Cualquiera puede acceder a un título. La exploración en zona rural no necesita autorización del municipio. Nuestra tarea, con Corantioquia, es proteger el medio ambiente", agregó Cadavid.
La funcionaria precisó que hasta el 3 de noviembre Antioquia tiene la delegación en titulación y contratación minera y que esperan que el Gobierno se las prorrogue para poder vigilar que no se afecten las vocaciones económicas y que las empresas hagan la recuperación del terreno si no encuentran nada.
El temor de la población
En Caramanta tienen asiento tres empresas. A mitad de año Corantioquia ordenó la suspensión de actividades de exploración a la compañía canadiense Caramanta Conde Mine por hacer uso ilegal de los recursos naturales de un Distrito de Manejo Integral (DMI).
Noelia Flórez, presidenta de la Asociación Agropecuaria de Caramanta, denunció también que la Tolima Gold Mine estaba vertiendo aguas contaminadas a la quebrada Chirapotó y en la plataforma (área de seis metros cuadrados donde se instala el taladro de seis centímetros de diámetro) había aceite derramado. "Los denunciamos ante Corantioquia y lo que hicieron fue pasarse al otro lado del río", expresó Flórez.
Flórez también reconoció que la multinacional Solvista, que tiene dos plataformas en el corregimiento Barro Blanco, de Caramanta, ha sido más responsable con el uso del agua, Esto les ha permitido recorrer la zona de influencia y conocer sus proyectos.
"Solvista tiene solicitadas varias fuentes de agua y nos opusimos a que utilizaran la quebrada Organales, que abastece a Barro Blanco. En algún momento encontramos desperdicios de sus empleados, pero ya lo corrigieron", afirmó la líder comunitaria.
Por su parte, en Támesis, donde también hay títulos de exploración inactivos, en dos ocasiones que la Solvista ha ido a socializar su proyecto en el Concejo, organizaciones sociales y ambientales han salido a marchar porque, según Herman Vergara, líder del Cinturón Occidental Ambiental, nunca han sido mineros y no lo quieren ser.
"Los tamesinos somos agricultores. Toda la población está sensibilizada, desde el más pequeño hasta el anciano. O que me digan ¿Dónde hay minería ecológica? ¿En qué municipio minero hay calidad de vida? Además, siempre llega la prostitución y la delincuencia", agregó Dora Hincapié, vocera del Comité por la Defensa del Territorio del municipio de Támesis.
'Hacemos minería responsable y también somos ambientalistas'
Solvista es una sociedad colombiana que cuenta con capital extranjero. Está registrada en la Bolsa de Toronto y tiene tituladas cerca de 20.000 hectáreas para exploración en el Suroeste.
El gerente general, José David Castellanos, afirmó que el proceso de exploración y factibilidad puede tardar más de 10 años y que, en caso de encontrar oro en un sector que podría ser de ocho hectáreas, evalúan su rentabilidad, y piden un crédito a bancos internacionales, no sin antes certificar que cumplen las normas ambientales.
"La banca deja un porcentaje en fideicomiso para garantizar el cierre de la mina una vez termine la explotación. No afectamos la producción agrícola que haya alrededor pues se hace de manera organizada, con las licencias ambientales", precisó.
Castellanos agregó que son muy vigilados y que las cuencas solicitadas son solo para caminarlas. Para las perforaciones cuentan con permiso de Corantioquia para tomar 1,5 litros por segundo de la quebrada, que no afectan a los habitantes y que luego regresan tratados a través de unos tanques con trampas de grasa y lodo.

"Entre 2010 y 2013 invertiremos 18 millones de dólares en exploración. Parte de esos recursos quedan en la región. Tenemos 50 empleados y contratamos el transporte y la comida en la zona. También orientaremos a la gente para que se capacite y puedan laborar en una eventual explotación", dijo el gerente.

El Tiempo
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Bolivia

Conflicto. El sector advierte con romper el acuerdo firmado con el Ejecutivo si se aplican los descuentos

02 de Octubre 2012.- El Ministerio de?Trabajo emitió una resolución que declara ilegal el paro efectuado por los mineros asalariados. La dirigencia de los trabajadores de Colquiri advirtió ayer que si el Gobierno aplica los descuentos romperán el acuerdo suscrito el sábado con los mineros cooperativistas.

La resolución administrativa emitida el 28 de septiembre por la cartera de Trabajo, a solicitud de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), “declara ilegal el paro a partir del 10 de septiembre al 28 de septiembre de 2012 decretado por el Sindicato Mixto de Trabajadores de Colquiri”.

Al respecto, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Minera Colquiri (EMC), Severino Estallani, indicó que “ésta es una aberración del Gobierno”, debido a que el sábado los asalariados y los cooperativistas firmaron un acuerdo con el Ejecutivo para resolver el conflicto, el cual se consolidará en un decreto.

“Ahora, si el Gobierno no anula esta resolución, nosotros vamos a romper el acuerdo firmado entre partes y volvemos a foja cero para pedir la reversión total de la mina de Colquiri. Además, tenemos que resolver el tema de la investigación sobre la muerte de nuestro compañero Héctor Choque”.

Anoche, a las 20.30, estaba prevista la reunión entre el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y los dirigentes de los trabajadores de Colquiri para tratar la demanda de estos últimos. Sin embargo, a las 23.00, los asalariados se retiraron de la reunión que sostenían con los asesores jurídicos debido a que esperaban la llegada de Romero. Estallani dijo que se pidió a los asesores del Ministerio de Gobierno que hoy se restablezca la reunión debido a que Romero no pudo llegar.

El ministro sostuvo anoche que los descuentos que se aplicarían “no están contemplados en el acuerdo”. Añadió que el tema tendrá que ser analizado con la cartera de Trabajo. Sobre las investigaciones para esclarecer la muerte del minero Héctor Choque, ocurrida el 18 de septiembre por la explosión de un cachorro de dinamita lanzado por los mineros de la Cooperativa 26 de Febrero, indicó que los responsables serán sancionados con todo el rigor de la ley.

Estallani dijo que pedirán al Ejecutivo el pago de una “indemnización de por vida” para la viuda de Choque. “Mientras no se den con los autores intelectuales de la muerte del compañero y el Gobierno no haga una compensación, seguiremos en la lucha”, advirtió el dirigente de los asalariados. El convenio suscrito el sábado entre ambos sectores, que consta de cuatro puntos, puso fin al conflicto por la veta Rosario. El acuerdo establece que “la división de la veta Rosario está definida por la línea de referencia 82 N en todos los niveles de la mina. Hacia el sud queda en manos de la Comibol y, hacia el norte, la línea de referencia queda en manos de la Cooperativa 26 de Febrero”.

También otorga el ramal “Rosario N” en su integridad a la cooperativa y el ramal “Rosario D” a la Comibol “hasta la línea de referencia 87 N en todos los niveles. De ahí en adelante, hacia el norte, la veta Rosario D pasa a manos” de los cooperativistas. El presidente en ejercicio Álvaro García Linera confirmó ayer que el acuerdo se consolidará con el decreto a ser aprobado mañana. Romero dijo que no ve ningún justificativo para que los asalariados todavía dilaten la materialización de los acuerdos y no levanten sus medidas.

Tensión en Colquiri

Resguardo

El dirigente de los asalariados Orlando Gutiérrez ratificó ayer que se mantiene la vigilia en el ingreso a Colquiri para evitar que vuelvan los cooperativistas.

Situación

Los cooperativistas señalaron que sus afiliados no regresarán hasta que salga el decreto.

García dice que aporte minero es reducido

El presidente en ejercicio Álvaro García indicó ayer que el aporte (impuestos y regalías) al Estado por parte de la minería estatal y cooperativizada es reducido. Anunció que se analizarán mecanismos para mejorar dichos aportes de ambos sectores.

“La minería que extrae recursos naturales tiene que aportar al Estado boliviano, es decir a todos los bolivianos; es un recurso natural no renovable y el rendimiento del trabajador del sistema cooperativo en favor del Estado y el rendimiento trabajador del sistema estatal en favor del Estado, es reducido”, afirmó ayer García.

Con base en datos de la Comibol, el Ministerio de Gobierno informó el 26 de septiembre que en 2011 los aportes por trabajador en la minería mediana alcanzaron a $us 94.522, en la minería estatal a $us 4.274 y en la minería chica y cooperativizada a $us 364.

División. Este aporte sale de la división de los impuestos y regalías que pagan las empresas por el número de trabajadores que tienen. Así, la minería mediana paga 260 veces más que los cooperativistas. En 2011, la minería mediana aportó en regalías al Estado con $us 114,8 millones, la estatal con 9,5 millones y las cooperativas y minería chica con 43,7 millones.

García indicó que el Ejecutivo analizará los mecanismos para que los aportes al Estado de los asalariados y cooperativistas mejoren. “Ése es el gran reto de carácter técnico y productivo que tenemos que abordar una vez resuelto este problema de las áreas”.

Enviarán una comisión para delimitar áreas

El Gobierno anunció que enviará una comisión técnica a Colquiri para delimitar las áreas de operación del sector asalariado y cooperativo una vez que se apruebe el decreto que divide la veta Rosario en partes iguales para ambos. Así lo informó ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien indicó que la comisión estará conformada por representantes del Ministerio de Minería y de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).

“Una vez que se promulgue el decreto se trasladará a Colquiri una comisión para verificar la situación de las rampas, los accesos a la mina y se identificará en el terreno los puntos con el fin de delimitar las áreas de uno y otro sector para evitar problemas en el futuro. Pero, además, para que se materialice el convenio suscrito”. El sábado, los asalariados y los cooperativistas suscribieron un acuerdo con el Ejecutivo que señala que “la división de la veta Rosario está definida por la línea de referencia 82 N en todos los niveles de la mina, hacia el sud queda en manos de Comibol y hacia el norte de la línea de referencia en manos de la Cooperativa 26 de Febrero”.

También otorga el ramal “Rosario N” a la 26 de Febrero y el ramal “Rosario D” a la Comibol, excepto la última parte que es para los cooperativistas. Romero explicó que es necesario realizar este trabajo de identificación debido a que sobre la veta Rosario “se especuló mucho, se dijo que es una veta rica, pero no se puede establecer cuál es el potencial real, porque no hay un estudio”.

Agregó que la Comibol no tiene información detallada del yacimiento, porque tras la reversión de las áreas otorgadas en contrato a Sinchi Wayra, ésta se llevó la documentación. Acotó que en el terreno es posible que pueda haber algún punto que no se haya ubicado.

La Razón
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México

02 de Octubre 2012.- La Secretaría de Economía (SE) prepara la creación de un fondo de remediación ambiental en el sector minero con el propósito de que las empresas depositen aportaciones en favor del gobierno y no dejen las operaciones extractivas en el país sin antes corregir daños a la naturaleza.

Lo que se busca es que las compañías no se vayan sin haber cuidado el medio ambiente una vez que concluya el ciclo de los precios altos de los minerales o cuando se haya agotado una mina en particular, entre otros casos.

“Esto no es una regalía, es protegernos como país; no te puedes ir corriendo, yo tengo aquí tu fondo de remediación y, si te vas, yo lo aplico”, expresó Jimena Valverde, coordinadora general de Minería de la SE.

El gobierno federal trabaja ya en la conformación de este fondo, junto con la Cámara Minera de México (Camimex) y una de sus cuestiones centrales está en fijar el porcentaje de aportación de las empresas.

Con el respaldo de los buenos precios de los metales, el capital de riesgo destinado a financiar la actividad de exploración al cierre de 2011 se concentraba en cerca de 320 empresas que trabajaban en 763 proyectos a lo largo del territorio mexicano.

“En América Latina y el Caribe, hay una importante oportunidad para analizar los sistemas de regalías, los sistemas de impuestos.

Nosotros le llamamos gobernanza de los recursos naturales”, comentó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (Cepal).

La gobernanza de los recursos naturales involucra los mecanismos de apropiación, la distribución de las ganancias de productividad, la creación de empleo y el encadenamiento.

RACIONALIZAR AUGE PARA ?ENCONTRAR UN EQUILIBRIO

“Lo que proponemos es que cada país reflexione sobre su dotación de recursos naturales y si habrá un superciclo de los precios, como vemos que está sucediendo, decida qué hacer con ganancias extraordinarias provenientes de los recursos naturales”, agregó la directiva de la Cepal.

Como la minería opera en ciclos, las empresas invierten menos o dejan de invertir en exploración o en activos fijos cuando los precios de los minerales bajan, por lo que la SE considera que debe haber un equilibrio entre hacer un país competitivo a largo plazo, la rentabilidad de las empresas y la sustentabilidad del medio ambiente.

“Lo importante es cuidar también que las empresas no se nos vayan cuando termine el auge, cuando se caigan los precios”, dijo Valverde.

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