Accionistas de Doe Run invirtieron US$ 2 millones pese a que ofrecieron US$ 250 millones

Perú

5 de Abril de 2011.- Una auditoria realizada por la firma BDO López de Romaña sobre los balances y estados financieros de Doe Run Perú (DRP) y sus empresas vinculadas permitió comprobar que los accionistas de la minera sólo invirtieron dos millones de dólares de su capital propio y no los 250 millones de dólares a los que se comprometió con el Estado peruano.

Así lo informó el Consorcio Minero (Cormin), empresa que indicó que esa fue una de las pruebas presentadas al juez del 12° Juzgado Civil Subespecialidad Comercial de Lima y sirvió de sustento para la medida cautelar que suspendió la instalación de la Junta de Acreedores de Doe Run Perú.

La medida cautelar a favor de Cormin suspende todos los derechos derivados de la acreencia que mantiene Doe Run Cayman (DRC) frente a su empresa vinculada DRP, actualmente en proceso concursal ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

La suspensión incluye los derechos de voz y voto de DRC en la Junta de Acreedores de DRP a celebrarse en los próximos días.

Esta medida fue concedida por el juez del 12° Juzgado Civil Subespecialidad Comercial de Lima, después de revisar la solicitud presentada por Cormin.

Según la información proporcionada por Cormin, los accionistas de DRP incumplieron con aportar 125 millones de dólares a dicha empresa para dotarla de capital de trabajo para que pudiera operar con normalidad.

Esa era una obligación de DRP establecida en el contrato de compraventa suscrito con Centromin al adquirir el Complejo Metalúrgico de La Oroya, ubicada en Junín, y la mina Cobriza.

Este dinero nunca fue invertido en la empresa, pues inmediatamente después de aportado fue “sustraído” por los accionistas de DRP a través de una compleja trama de ingeniería financiera, afirmó Cormin.

“Los accionistas de DRP no sólo sustrajeron el capital antes indicado, sino que además hoy pretenden ilegalmente que DRP asuma el pago de 139 millones de dólares adicionales, que corresponden también al financiamiento que tomaron dichos accionistas para comprar las acciones de la actual DRP”, agregó.

En ese sentido, mencionó que está práctica contraviene toda noción de inversión extranjera legítima y responsable y es una defraudación al Estado Peruano, a los acreedores y a los trabajadores de DRP.

Cormin explicó que interpuso la medida cautelar pues la acreencia de DRC frente a DRP es, a todas luces, ilegítima y le brindaría a DRC el control en la Junta de Acreedores, en perjuicio del resto de acreedores legítimos como las entidades del Estado involucradas, los proveedores mineros, y otros.

“Cormin no ha decidido liquidar la compañía ni puede hacerlo”, enfatizó.

Añadió que el futuro de DRP lo decidirá la Junta de Acreedores en pleno en el momento en que se constituya en el proceso ante Indecopi.

Cormin adelantó que solicitará a la Junta de Acreedores que mientras se toma una decisión sobre el Complejo Metalúrgico de La Oroya se siga cumpliendo con el pago del 65 por ciento del sueldo a los trabajadores (Andina).

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