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Chile

6 de Abril de 2011.- Los “malos aires” de Puchuncaví parecen estar extendiéndose más allá de la zona geográfica donde opera la fundición Ventanas de Codelco, contaminando las relaciones entre las instituciones del Estado y la minería privada.

Luego de que estallará el conflicto, a raíz de las emisiones que llevaron a cerrar la escuela La Greda por intoxicación de los alumnos, y las posteriores palabras del biministro Golborne ­quien dijo que Codelco “debiera comportarse como una empresa responsable y seria” y que las inversiones que ha hecho no han sido suficientes­, ayer el presidente ejecutivo de la minera estatal, Diego Hernández, salió a rayar la cancha.

Aprovechando la jornada de Cesco y también en declaraciones de prensa, el alto ejecutivo, si bien precisó que la intención es seguir operando Ventanas, acatando la ley e invirtiendo en mejoras ambientales, también señaló que en caso que las nuevas normas de emisiones de las fundiciones eleven demasiado sus exigencias ­proyecto que prepara el Ministerio de Medio Ambiente y que podría estar lista a fines de año­, Codelco podría considerar su cierre, en caso de que aplicarlas convirtiera a Ventanas en una operación con déficit permanente.

“Si los límites de emisión que la autoridad va a colocar son de los más altos a nivel mundial, probablemente una fundición de ese tamaño no sería económica de tratar de llevar a esos límites”.

Hernández explicó que la fundición que cuenta con un horno tiene una capacidad relativamente menor y que está dentro de las fundiciones pequeñas a nivel mundial, con 400 mil toneladas de concentrado de capacidad por año. Para una fundición de ese tamaño, activar normas muy altas es más caro por tonelada de cobre, dijo.

“Hoy el nivel de captura que tiene Ventanas está arriba del 90%. Aspirar a una captura de 98%, hay que hacer los estudios, pero probablemente es muy caro para una fundición de ese tamaño y no conviene hacerla”, indicó el ejecutivo.

Paralelamente, fuentes de Codelco profundizaron que bajo el nuevo gobierno corporativo de la empresas, ningún directorio podría aprobar una gran inversión, si es que se sabe de antemano que son dineros que nunca se recuperarán, ya que está en juego el patrimonio de los directivos.

Desde la minera se recordó también que actualmente la operación de Ventanas le produce pérdidas por unos US$ 80 millones al año a Codelco, lo que se traduce, a la vez, en un subsidio a la pequeña y mediana minería con que trabaja Enami.

Y si bien del total de concentrado que procesa Ventanas al año, 40% corresponden a Enami y el resto a la División Andina, en la cuprera aseguran que su propia producción de concentrado no depende de la fundición, ya que tienen alternativas, situación que sería diferente para Enami.

Enami y su derecho

Si bien los comentarios de Diego Hernández no tuvieron eco público ayer ni en Enami ni en Sonami, cercanos a la primera desestimaron que Codelco tenga dentro de sus opciones ­en caso de que aumente la exigencia de la norma ambiental­ dejar de operar Ventanas.

Al respecto, se argumenta que la firma que lidera Hernández tiene una obligación que emana de la Ley 19.993/2005, que autorizó la transferencia de la división desde Enami a Codelco.

En uno de los puntos atingentes, la ley dice que “el adquiriente Codelco­Chile deberá mantener, en la Fundición y Refinería Las Ventanas, la capacidad de fusión y refinación necesaria para garantizar, sin restricción ni limitación alguna, el tratamiento de los productos de la pequeña y mediana minería, que envíe la Enami”.

No obstante, fuentes de Codelco interpretan que esto opera sólo si Ventanas sigue funcionando, pero se anularía si por “fuerza mayor”, la minera estatal tuviera que cerrarla.

Privados en alerta

Por otro lado, la minería privada también está mirando con cautela lo que ocurre con Ventanas. El presidente de la Sonami, Alberto Salas, afirmó hace unos días, tras el estallido del caso y la orden judicial que paralizaba Ventanas ­lo cual después se revirtió­ que se podría afectar a la mediana minería y que son 14 de estas firmas las que no tendrían dónde entregar su producción, al mismo tiempo que se podría ver afectada la producción de ácido sulfúrico que se vende a la pequeña y mediana minería (Df).

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