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Colombia

El ministro de Ambiente, Juan Gabriel Uribe, habla sobre los estragos de la minería ilegal.

Lunes 10 de Diciembre de 2012.- Usted tiene mucha vena política y ha sido muy activo periodísticamente. Pero jamás imaginé verlo al frente del Medio Ambiente....
El Presidente integró un gabinete para la paz. El mandato constitucional del desarrollo sostenible, que corresponde al Ministerio de Ambiente, es factible a mediano plazo solo en un país que supere el conflicto y los índices de desigualdad por las vías democráticas.
¿Cómo tiene pensado resolver el dilema del desarrollo vs. la conservación del medio ambiente?
Quiero ser muy sincero. El país es muy rico en materia minera, pero hasta que no llegó el boom, no teníamos un nivel apropiado de sensibilidad y conceptualización del medio ambiente. Hoy el país exige un licenciamiento ambiental, pero se puede tener la seguridad de que bien sea la respuesta positiva o negativa, será rápida para que no se produzcan cuellos de botella en cuanto a los proyectos de explotación.
¿De qué manera está manejando la colisión natural de su ministerio con las locomotoras mineras y agropecuaria?
No es posible manejar el medio ambiente en el país para generar un desarrollo sostenible si no hay una política de Estado que involucre minas, agricultura y vivienda. Si seguimos con un esquema anticuado, de hace 50 años, donde cada cual toma un poquito de la agenda económica del país, el medio ambiente será el perjudicado.
¿Es cierto que bajo el gobierno anterior se enloquecieron con la expedición de licencias mineras sin sustento ambiental?
Lo que pasó fue que cuando llegó el boom minero, en el otorgamiento de licencias no hubo concomitancia con el tema de las licencias ambientales. El ministerio hasta ahora tiene las herramientas para ello. Se creó la Anla (Unidad Administrativa Especial de Licencias Ambientales) y apenas estamos empezando a corregir las vicisitudes ambientales del país.
La contralora Sandra Morelli afirmó que el país está al borde del colapso ambiental. ¿Tiene razón, o está exagerando?
Indudablemente hay dificultades. Pero la peor catástrofe ambiental está precisamente en la minería criminal. El principal reto que tiene el país es evitar que esta genere una guerra por el oro, por el coltán, por el tungsteno. Que se produzca una africanización y terminemos como en Angola o el Congo. Estamos al borde de esa situación: que la guerra del narcotráfico mute hacia la guerra por la minería.
¿Con qué herramientas declaró una cruzada frontal contra la minería criminal?
El Gobierno acaba de emitir decretos de protección de ambiente para tales efectos. Incluso permiten inmovilizar la maquinaria criminal. Y se elevará en una ley que acabamos de presentar a rango de delito por la vía de lavado de activos.
¿Cómo diferenciarán la minería criminal de la informal?
El tema de la formalización minera le pertenece al Ministerio de Minas, que está avanzando en ese proceso. Se está formalizando y titulando a los mineros informales, porque esa es minería de subsistencia, tradicional. El problema de la minería criminal, en cambio, no es solo un tema de orden ambiental, sino de orden público. Utiliza retroexcavadoras y dragas al por mayor, y no paga regalías ni impuestos.
Y enfrenta menos problemas que el cultivo de drogas...
Sí, porque se monetiza mucho más rápido, aunque depreda más el medio ambiente. Cuando la Policía o el Ejército han intentado incautar estos elementos, al muy poco tiempo, cinco días, han traído nuevas máquinas bajo el amparo de administraciones municipales débiles. Las autoridades saben dónde están esas minas, quiénes las están operando, se trata de grupos irregulares de gran envergadura y son los que nos pueden conducir a una guerra de recursos naturales.
¿Las Farc están haciendo minería criminal?
Sería bueno que se lo pregunten en la mesa de La Habana.
También hay mucha preocupación por la minería legal y sus efectos. Mire lo que está ocurriendo en El Cesar...
Acabo de estar en la Jagua de Ibirico y la zona de la Loma, donde con la Anla se han negado en los meses recientes ocho solicitudes de nuevos desarrollos. Hay una saturación minera. La situación es bien difícil por los impactos acumulativos y sus efectos sobre la calidad del aire por el material particulado del carbón. El problema es casi irreversible. Estamos en proceso de un reasentamiento poblacional de unas tres mil personas, 1.200 familias en tres veredas de la zona, porque no pueden seguir viviendo ahí.
¿Cómo tendrán que responder las empresas que hicieron invivible el aire para los pobladores?
Creé dos mesas de seguimiento en la zona para vigilar esos reasentamientos. Inclusive la Contraloría ha estado en las audiencias. Al corto plazo, enero o febrero, tendrá que haber una respuesta de las compañías mineras.
¿Cuáles son esas empresas?
La Drummond, entre otras.
La otra preocupación muy grande es el mercurio, gran contaminante de las aguas y sus vertederos.
Estamos respaldando un proyecto de ley a instancias de los representantes Augusto Posada y Simón Gaviria para prohibir gradualmente el uso del mercurio en la extracción de oro. Tenemos la pretensión de convertirnos en líderes mundiales en esta materia.
¿Por qué una prohibición gradual y no total? Son tan graves sus estragos que río abajo a la gente le llega el pescado con mercurio...
Porque tiene que haber una etapa de transición para que se ajusten las minas a una forma de desamalgamiento diferente. Pero en ninguna parte del mundo se han atrevido a dar este paso.
¿El país no debería tener un mapa que dijera dónde no se puede explotar la minería, dónde sí y dónde es discutible?
Estoy insistiendo en ese mapa. Hasta ahora estamos teniendo instrumentos de geo-rreferencia como Tremarctos, que es un sistema de referencia. Acuérdese de que este ministerio estuvo casi sin existir y fusionado con Vivienda durante una década. Hasta ahora está comenzando a tener un cuerpo institucional.
Hay gente que está proponiendo, mientras se tiene ese mapa, que se decrete una moratoria en las licencias mineras.
Es que lo que está causando mayor impacto y discusión son las viejas empresas mineras que llevan 30 o 40 años explotando níquel o carbón. Generar una moratoria sobre algo que pasó hace tantos años no tiene lógica. Lo que pasa es que ahora, ante la locomotora minera prometida por el Gobierno, el requisito es que exista licencia ambiental con los más altos estándares internacionales posibles.
¿Qué tiene pensado para parar la deforestación? ¡Pasamos de 90.000 hectáreas anuales en la última década a 340.000!
Hay que hacer un sinceramiento claro de nuestra reserva forestal. De los 61 millones de hectáreas que teníamos en 1959, hoy debemos tener 4 o 5 millones menos, por el impacto de la guerra, el narcotráfico, la ganadería y la agricultura desordenada. Eso es fatal desde el punto de vista de cambio climático. Tenemos que regenerar y restaurar nuestra reserva forestal. Y buscar alternativas como la ganadería silvo-pastoril, que permite una actividad amigable con la naturaleza en extensiones de 6 a 8 hectáreas, en lugar de la agresiva ganadería en extensiones de 80 hectáreas de bosques talados para unas pocas reses.
¿Qué va a hacer el Gobierno con los nidos de ratas, corrupción y politiquería de las corporaciones regionales (CAR)? Trató de acabarlas, y la Corte Constitucional no dejó...
No solo las CAR representan un problema. El tema de las consultas con las comunidades también requiere una pronta revisión, porque algunas se han convertido en un negocio y retrasan las licencias ambientales innecesariamente. El proyecto de ley que presentaremos en marzo pretende regular esos dos temas. Estamos trabajando intensamente con las comunidades étnicas, indígenas y afrodescendientes para introducir esas modificaciones.
¿Usted cree que los congresistas van a permitir la reforma de las CAR, donde tienen grandes fortines políticos?
Espero que el Congreso nos acompañe en el esfuerzo de cambiarles la cara a las corporaciones. Se trata de impedir las colisiones de competencia originadas en la politiquería.
¿Cómo afecta ambientalmente a Colombia el fallo de La Haya?
Ese fallo fue un raponazo a Colombia. Desestimaron y evadieron todas nuestras credenciales soberanas y títulos jurídicos. La equidad, alegada como justificación del fallo, es la antípoda del derecho, porque es subjetiva, y este necesariamente debe ser objetivo.
Es una burla universal desmembrar de semejante manera el ecosistema y la unidad ecológica del archipiélago porque se podría abrir camino la exploración de petróleo en área declarada por la Unesco, por solicitud de Colombia, una de las reservas de la biósfera más importante del Caribe y una de las más grandes del mundo, como es la Seaflower.
¿Ese es un motivo para desconocer el fallo?
De esa directriz ambiental de proteger la reserva Seaflower, Colombia no se va a sustraer de ninguna manera.
Unas pregunticas 'flash': ¿Al fin Cerromatoso sí tiene licencia ambiental?
El Consejo de Estado ha dicho que se requiere una estandarización de la licencia ambiental de Cerromatoso hacia el futuro.
¿Minería en la Amazonía?
Yo preferiría que no.
¿Por qué se achicó bajo nuestras narices el parque natural del páramo de Santurbán?
Le estoy pidiendo una explicación a la corporación regional. Tengo la responsabilidad de delimitar las zonas de páramos. Colombia tiene el 41 por ciento de los páramos del mundo.
¿Me cuenta qué le responden?
Claro que sí.
¿Se va a construir el canal de Varadero, para que los barcos de gran calado que hoy llegan al canal de Panamá puedan entrar a la bahía de Cartagena?
Sí, pero solo en caso de que el concepto que les hemos solicitado a expertos holandeses así lo recomiende, luego de un estudio técnico a fondo.
No podemos quedarnos por fuera del escenario del comercio marítimo internacional.
¿Turismo en la Sierra Nevada?
Solo ecoturismo.
¿Estilo 'five-senses'?
No. Se permitirá ecoturismo en la Sierra Nevada y en el resto de parques nacionales, pero sin un solo edificio. Ajustado a la sentencia de la Corte Constitucional salida hace 15 días en la que se impone una preservación integral muy estricta.
¿Qué estarán pensando los mamos de la Sierra, ante quienes se posesionó el Presidente, del manejo ambiental de este Gobierno?
Que el Presidente les ha cumplido cuando les prometió que los consultaría permanentemente y que construiría políticas de Estado sobre su filosofía ambiental.

El Tiempo

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