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Chile

Los bonos acordados en Chuquicamata plantean legítimas dudas sobre la capacidad de la empresa para controlar costos y enfrentar a sindicatos muy poderosos.

Jueves 27 de Diciembre de 2012.- LA NEGOCIACION anticipada que Codelco Chuquicamata acaba de concluir con los sindicatos de dicha división arrojó como resultado un bono a cada trabajador de $ 16,8 millones por término anticipado de negociación, más un préstamo sin intereses por $ 3 millones y un reajuste salarial de 3%. Se trata del mayor bono que se ha pagado en la minería nacional, lo que generó justificados cuestionamientos en la opinión pública, no sólo por la enorme distancia que existe respecto de los beneficios que obtiene el resto del sector público y en general el grueso de los trabajadores del país, sino principalmente porque este acuerdo parece ser el resultado del fuerte poder negociador que han alcanzado los sindicatos de la empresa estatal antes que el producto de un análisis basado en criterios de productividad y mirando el bienestar general de la empresa.

Puesto que se ha tomado la decisión política de impedir cualquier entrada de capitales privados a la propiedad de Codelco, y dado el fuerte poder negociador que han adquirido los sindicatos, en la práctica no ha existido posibilidad real para la ciudadanía de ejercer un rol fiscalizador efectivo respecto de la forma cómo se administra la empresa. En los hechos, ello alienta que se lleven a cabo negociaciones que derivan en pagos de beneficios que podrían colocar en serio riesgo las finanzas de la compañía, considerando que Codelco enfrenta hoy costos de producción muy elevados -superiores al promedio de la minería privada-, los que se han podido sustentar en buena medida gracias a los altos precios que el cobre ha alcanzado en el mercado internacional.

En el caso de Chuquicamata, la empresa lleva adelante el plan para iniciar su explotación subterránea, lo cual debería comenzar en 2018. Ello hace necesario que se disminuya su actual dotación para hacerla viable, y parte de la reciente negociación sindical consistió en un plan de retiro voluntario de algo más de 2 mil trabajadores en los próximos cuatro años. El hecho de que casi la mitad de los trabajadores de esta división deba abandonar la empresa, lleva a preguntarse si acaso no existe cierto grado de sobredotación, y por  qué no fue posible controlarla a tiempo. Es indispensable que existan plenas garantías de que la reducción de dotación que se ha pactado se cumplirá sin sobresaltos y sin necesidad de incurrir en costos adicionales.

La administración de Codelco ha justificado la entrega del bono -a un costo total de  más de US$ 200 millones- señalando que es necesario para permitir la futura reducción de personal que debe encarar Chuquicamata cuando inicie la explotación subterránea. Sin embargo, el hecho de que el plan de retiro acordado con los sindicatos sea voluntario, abre interrogantes acerca de que, efectivamente, vaya a disminuir la dotación en las cantidades de trabajadores señaladas. Esta situación plantea dudas que deben ser enfrentadas por la empresa, y constituye un desafío enorme para  el actual gobierno corporativo de Codelco. Este, pese a los profundos cambios que ha experimentado en los últimos años y el hecho de contar con ejecutivos de primer nivel, no parece tener aún el grado de flexibilidad necesaria para gestionar la empresa atendiendo a criterios de productividad y eficiencia, lo que va en detrimento de la propia empresa y del país.

LTOL

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