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Chile

Aunque los gremios confían en que el organismo traerá mayor certeza, abogados temen que proliferen causas y que sigan prevaleciendo los recursos de protección.

10 de Septiembre de 2012.-  A fines de diciembre comenzará a operar en Santiago el primer Tribunal Ambiental del país, instancia especializada en resolver disputas ambientales, un hecho que coincide con la discusión en torno del fallo de la Corte Suprema contra la Central Castilla y con la inquietud empresarial por la judicialización de grandes proyectos de inversión.

Los gremios mineros y energéticos, en particular, creen que la nueva instancia traerá mayores certezas jurídicas. Abogados, sin embargo, advierten que podría generar un aumento en el número de causas. Esto, porque a los juicios que verá el tribunal especializado se sumarían los recursos de protección, vía legal que hasta ahora se ha utilizado para paralizar proyectos.

El socio del bufete Jara del Favero, Julio Lavín, cree que aumentará la judicialización, dadas las múltiples vías que se abren hacia el Tribunal Ambiental. Entre ellas, los recursos de reclamación que pueden presentar la ciudadanía o los titulares de proyectos tras acudir al Comité de Ministros; los reclamos en contra de las facultades de fiscalización de la Superintendencia; los reclamos sobre la dictación de normas de calidad, emisión o planes de prevención y descontaminación, y los juicios por daño ambiental.

Pero los mayores requisitos que exigirán los tribunales ambientales para aceptar un caso a trámite podrían evitar un alza explosiva de casos, según el profesor de la Universidad Católica, Winston Alburquenque.

Con todo, el desafío será grande. “Para los titulares de proyectos, la cosa empeorará. Al final, se necesitarán más abogados que ingenieros para llevar adelante un plan”, plantea el socio de Guerrero Olivos Novoa Errázuriz, Clemente Pérez. Se producirá, explica, una suerte de “shopping ambiental, donde los abogados van a vitrinear y ver qué camino es el más conveniente”.

El que puedan existir juicios en forma paralela “es algo que no está claro cómo se resolverá”, apunta Javier Vergara, socio de Vergara Galindo Correa. Agrega que se debe tener en cuenta que en los últimos años los tribunales superiores “han cambiado sustancialmente su jurisprudencia. Se puede recurrir en cualquier etapa de la evaluación ambiental”, lo cual trae incertidumbre, afirma.

Para evitar la coexistencia de casos, los tribunales ordinarios “podrían no acoger recursos de protección si ya hay alguna causa abierta en los ambientales, pues ya está sometida al imperio del derecho”, según Vergara. También podría limitarse el uso del recurso de protección cuando se trate de temas ambientales, pero ello requeriría una reforma constitucional, a juicio de Alburquenque.

Desde Sonami, su presidente Alberto Salas se muestra expectante sobre el nuevo organismo. “Es muy relevante fortalecer la institucionalidad y los mecanismos que permitan contar en forma precisa y concreta con la seguridad jurídica y económica para materializar proyectos”. El Consejo Minero espera que la nueva entidad “centralice el conocimiento y el fallo de los temas ambientales, evitando judicializaciones en otras instancias”, opina su presidente ejecutivo, Joaquín Villarino.

René Muga, gerente general de la Asociación de Generadoras, proyecta que las resoluciones de los nuevos tribunales irán “asentando cierta jurisprudencia que establezca criterios más claros y estables y, por esa vía, consolidando esta nueva institucionalidad”.

El socio de Cariola Diez Pérez-Cotapos & Cía., Gonzalo Jiménez, añade que la Suprema tendrá siempre la última palabra. “Si sus integrantes reconocen la mayor especialización de los tribunales ambientales, podrían optar por alterar lo resuelto en la medida en que haya un error en la aplicación del derecho. De lo contrario, es posible que caigan en la tentación de reescribir los fallos del tribunal ambiental, con el consecuente detrimento de la seguridad jurídica”.

Para el socio de Carey & Cía., Juan Francisco Mackenna, el éxito de los tribunales especializados, como el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, va de la mano de la calificación de los jueces a cargo. Y en ello advierte riesgos, como “que se sometan a revisión los aspectos puramente técnicos de una decisión administrativa tomada en su oportunidad por los organismos pertinentes”. Para Daniel Montalva, de LyD, es crucial ver “si tanto los detractores de proyectos como sus titulares respetarán esta nueva institución utilizándola, en vez de recurrir a recursos de protección”.

Rodrigo Castillo, del gremio Empresas Eléctricas, valora que existan tribunales ambientales. Pero, alega, los problemas “son por falta de criterios de ordenamiento territorial e incoherencias normativas para el uso de suelo”, cambios que requieren consensos en el Congreso.

El proceso de selección que lleva a cabo el Servicio Civil

Para elegir a los tres ministros titulares y dos suplentes del primer tribunal ambiental que comenzará a operar en Santiago, el Servicio Civil recibió un total de 541 postulaciones. Ahora la consultora Calidad Humana está realizando el proceso de evaluación de los 234 candidatos seleccionados tras su análisis curricular. Luego vienen otras tres etapas: evaluación gerencial, análisis de sus referencias laborales y finalmente, una entrevista con el Consejo de la ADP, presidido por Carlos Williamson. Este define una nómina con entre 6 y 8 nombres por cargo y se envía a la Corte Suprema, que realizará audiencias públicas y eligirá una quina que remite al Presidente, quien debe proponer al Senado los nombres para su ratificación, con una votación de tres quintos de sus miembros.

Todo este proceso debería estar terminado en noviembre, en el caso de Santiago.

Para los tribunales de Antofagasta y Valdivia -que comienzan a operar en junio de 2013- ya se inició el proceso de postulación, que se extenderá hasta el 24 de septiembre. Al primero han postulado 178 personas y al segundo, 222.

LTOL
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