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Bolivia

Lo que está en juego es el apoyo de ambos sectores a la gestión de gobierno.

24 de Septiembre de 2012.- Tiempo atrás, el Vicepresidente del Estado se refirió a los conflictos entre diversos movimientos sociales y el Estado, o entre ellos, por la satisfacción de intereses sectoriales mutuamente excluyentes; llamó a esa situación “tensiones creativas del proceso de cambio”. Es probable que la pugna por Colquiri sea la mayor de esas tensiones que el Gobierno debe atender.

En efecto, por segunda vez en el año los mineros cooperativistas y asalariados de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) se han movilizado demandando para sí la explotación del rico yacimiento de estaño en Colquiri, recientemente expropiado a la empresa minera Sinchi Wayra, dependiente de la empresa suiza Glencore. Si en la primera ocasión el Gobierno logró calmar los ánimos repartiendo determinados porcentajes de la explotación de la veta Rosario, considerada la más rica del yacimiento, a unos y otros, ahora la situación es más crítica, pues ambos parecen estar jugando al “todo o nada”.

Desde el punto de vista económico, el dilema no se muestra tan difícil de resolver, pues está claro que el aporte al Estado que hace Comibol en regalías y otros impuestos, si bien parece menor en números absolutos, es significativamente mayor que el de los cooperativizados, al observar el monto per cápita que cada uno de los sectores entrega a las arcas públicas. Además, son evidentes las mejores condiciones laborales, pues los que están en la empresa estatal gozan de diversos beneficios sociales. Pero tampoco puede soslayarse que el atractivo de laborar en el sector cooperativista está en la posibilidad de incrementar los ingresos individuales dependiendo del esfuerzo desplegado y la fortuna a la hora de explotar un sector de la veta mineral.

No obstante, el dilema se hace verdaderamente difícil de resolver al mirarlo desde el punto de vista estrictamente político, pues lo que está en juego es el apoyo de ambos sectores a la gestión de gobierno. Los mineros asalariados de Comibol son tradicionalmente “progresistas” desde la creación de la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia, en la década de 1940; y pese a ciertas diferencias manifestadas en el orden discursivo, siguen siendo uno de los movimientos más leales al proceso de cambio, por no mencionar que son la cabeza de la Central Obrera Boliviana, y por tanto administradores de la mayor fuerza sindical del país, y un factor de poder que intenta recuperar la influencia perdida durante la etapa neoliberal.

Por su parte, los mineros cooperativistas han dado numerosas muestras de apoyo al Gobierno, incluso desde antes que el Movimiento Al Socialismo ganara las elecciones de 2005, y conscientes de su aporte al proceso de cambio, a menudo han obtenido algo muy parecido a un trato preferencial por parte del Estado. Perder cualquiera de estos apoyos podría significar una severa merma a la fuerza gubernamental.

La Razón
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