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Chile

Autoridad del Biobío estudia recurso tras cuestionamiento a la evaluación ambiental. Central de SW Business tendría una capacidad de 50MW.

03 de Septiembre de 2012.- El mismo día en que la Corte Suprema puso freno a la Central Castilla, la Corte de Apelaciones de Concepción ponía en jaque la calificación ambiental de la Central Pirquenes (50 MW), declarando la autorización de la Comisión de Evaluación Ambiental como “arbitraria e ilegal”.

La judicialización de otro proyecto de generación eléctrica encendió las alarmas del gobierno regional del Biobío, el cual a través de su intendente estudia una apelación a la Corte Suprema con el fin de revertir el controversial dictamen.

“Podría el titular apelar y podríamos apelar nosotros, pero también podríamos apelar ambos a la Corte Suprema; los abogados del SEA, más los de la intendencia están evaluando los antecedentes y tomaremos una determinación”, afirma el intendente Víctor Lobos, quien además es el presidente de la comisión de evaluación que dio el vamos a la central a carbón cuyo titular es SW Business, ligada a Rodrigo Danús y Paul Fontaine.

Sin quererlo, el proyecto -que involucra una inversión de US$82 millones- encontró en la autoridad regional un aliado importante en su fase de apelación. La postura del intendente es conocida. Lobos considera que es motivo de preocupación que iniciativas como Pirquenes se judicialicen y afecten las inversiones de la región del Biobío.

“La corte tuvo su opinión y hay un fallo, el cual tenemos que acatar y hay cinco días para apelar en caso de que decidamos recurrir a la Corte Suprema. Lo que ocurre hoy es que la complejidad que tienen las leyes ambientales es tal, que está permitiendo caer en las interpretaciones de los procedimientos. Para enfrentar esto ayudará mucho cuando empiecen a funcionar los tribunales ambientales”, añade Lobos.

El fallo contra la central a carbón dice que la votación de la comisión aparece “como una actuación desprovista de sustento, en que no se dan los fundamentos que avalen, expliquen y legitimen la decisión adoptada, lo que la convierte además en arbitraria, expresión de la sola voluntad de los votantes”.

Precisamente esta afirmación habría causado la molestia del gobierno regional, que podría oficializar la jornada de hoy su apelación frente al máximo tribunal del país.

LA APELACIÓN DE DANÚS

El punto de conflicto entre la Corte de Apelaciones y la empresa SW Business es que la entidad jurídica considera insuficiente una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para Pirquenes y espera que el titular del proyecto prepare un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el cual aumentaría los costos del proyecto y debería añadir medidas de mitigación, compensación y reparación.

Mientras tanto, el empresario Rodrigo Danús prepara junto a su equipo jurídico su apelación a la Corte Suprema, basándose en que el fallo que frenó Pirquenes carece de fundamentos técnicos.

“No vamos a hacer un EIA, eso corresponde a una planta de 350 MW, no a una de 50 MW; eso no corresponde. Además, ellos no piden ningún estudio que no hayamos hecho; al parecer tendremos que preguntarles si les gusta el color de la planta”, dice Danús.

El socio de SW Business añade que un eventual revés en la Corte Suprema pondría en riesgo el futuro proyecto termoeléctrico, ya que el diseño de un Estudio de Impacto Ambiental tomaría cuatro años más.

“No hay ningún informe técnico que diga que hay algo incorrecto, que no cumpla la ley. Ahora, por lo pronto, acudiremos a la Corte Suprema y si no se acoge el recurso no nos queda otra solución que retirar el proyecto; no tendremos otra alternativa. En cuanto a las recomendaciones de la justicia, no nos piden ningún estudio que ya no hayamos realizado”, manifiesta Danús.

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