Anteproyecto de Ley prevé recuperar áreas mineras no explotadas de Bolivia

Además, dijo que el anteproyecto de ley instruye que debe existir un registro actualizado de los derechos mineros y un plan de implementación y desarrollo de actividades mineras.

Virreira dijo que los actores mineros que sean titulares de autorizaciones transitorias especiales mineras, deberán registrar su derecho en el Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeotecmin), además, de un plan de implementación y desarrollo de actividades mineras, en un plazo máximo de cuatro meses, a partir de la fecha de publicación de la ley.

"La falta de registro de los términos establecidos constituye causal de caducidad y de resolución de contratos sin derecho a indemnización, retornando a dominio del Gobierno boliviano esas áreas mineras", complementó.

Manifestó que en el sector privado hay una gran cantidad de cuadrículas inactivas, que pasarán a propiedad del Estado. En la actualidad detenta 62.200 cuadrículas, mientras que Comibol, tras consolidar las 26 áreas, contará con 47.000, y los cooperativistas tienen 8.790 cuadrículas.

Igualmente, dijo que la verificación de las actividades mineras será realizada por el Ministerio de Minería y Metalurgia, de acuerdo a procedimientos técnicos y operativos, que serán aprobados en los próximos días, mediante Decreto Supremo.

Con relación a los contratos mineros suscritos por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Virreira señaló que se establecerá la inexistencia del desarrollo de actividades de explotación y la pérdida de derechos sobre recursos naturales mineros, si se comprueba la inexistencia de actividades en áreas otorgadas mediante autorizaciones transitorias especiales.

"Las áreas que se reviertan a consecuencia de la caducidad o resolución conforme a lo previsto en la presente ley, serán consideradas reserva fiscal, en los contratos que se resuelvan sobre áreas sobre Comibol, esa titularidad se mantendrán a favor de la empresa estatal", agregó.

Por último, el Ministro de Minería anotó que el anteproyecto de ley también constituye como delito de allanamiento o destrucción de bienes del Estado (tipificados en los artículos 223 y 298 del Código Penal), los asentamientos no autorizados, avasallamientos o desarrollos ilegales en áreas mineras por parte de servidores públicos. 

"Sus autores, cómplices serán pasibles a sanciones establecidas en la ley, no se reconocerán derechos a las personas que realicen asentamientos no autorizados. Los servidores públicos que infrinjan esta disposición serán sujetos a las sanciones establecidas en la ley de Lucha Contra la Corrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz y Código Penal", subrayó.