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Bolivia
El gobierno de Bolivia buscará recuperar las áreas mineras concedidas a diferentes operadores y que se encuentren sin actividad mediante una iniciativa de ley que fue aprobada el miércoles por el gabinete, destacaron hoy medios de prensa bolivianos.
05 de Octubre 2012.- El gobierno de Bolivia buscará recuperar las áreas mineras concedidas a diferentes operadores y que se encuentren sin actividad mediante una iniciativa de ley que fue aprobada el miércoles por el gabinete, destacaron hoy medios de prensa bolivianos.
El ministro boliviano de Minería y Metalurgia, Mario Virreira, informó que el gabinete del presidente Evo Morales aprobó el miércoles el proyecto de ley de adecuación de derechos mineros a la Constitución Política del Estado, la cual contempla la reversión por inexistencia de actividades.
El funcionario destacó que en su artículo 3, la iniciativa dispone que "la inexistencia verificada de actividades mineras en las áreas otorgadas mediante las autorizaciones transitorias especiales es causal de caducidad y de resolución contractual en las áreas otorgadas mediante contratos sobre recursos naturales mineros".
Virreira explicó que el objetivo de la propuesta es establecer mecanismos de control y fiscalización sobre las actividades que desarrollan los titulares de derechos mineros y -en su caso- establecer causales de caducidad aplicables a las autorizaciones transitorias especiales de explotación, así como causales de resolución de contratos mineros.
El proyecto de ley instruye que debe existir un registro actualizado de los derechos mineros así como un plan de implementación y desarrollo de actividades mineras.
Si el proyecto de ley -que fue enviado el miércoles a la Asamblea Legislativa y logra ser aprobado- los actores mineros con autorizaciones transitorias especiales o contratos deberán registrar su derecho en el Servicio Geológico y Técnico de Minas (Sergeotecmin), en un plazo de cuatro meses a partir de la promulgación de la nueva ley.
"La falta de registro de los términos establecidos constituye causal de caducidad y de resolución de contratos sin derecho a indemnización, retornando a dominio del gobierno boliviano esas áreas mineras", afirmó Virreira.
El funcionario del gobierno indicó que en el sector privado hay una gran cantidad de cuadrículas inactivas, que pasarán a ser propiedad del Estado. En la actualidad detenta 62.200 cuadrículas, mientras que la estatal Comibol, tras consolidar las 26 áreas, contará con 47.000, y los cooperativistas tienen 8.790 cuadrículas.
El proyecto de ley también constituye como delito de allanamiento o destrucción de bienes del Estado (tipificados en los artículos 223 y 298 del Código Penal), los asentamientos no autorizados y el avasallamientos o desarrollos ilegales en áreas mineras por parte de servidores públicos.
El ministro Virreira manifestó que los autores de allanamiento o destrucción y sus cómplices serán acreedores a las sanciones establecidas en la ley, y no se reconocerán derechos a las personas que realicen asentamientos no autorizados.
Además dijo que los servidores públicos que infrinjan esta disposición serán sujetos a las sanciones establecidas en la ley de Lucha Contra la Corrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz y en el Código Penal.
Agencia China
Portal Minero
