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La Fiscalía comprobó que esa cantera no tenía permisos para la explotación minera, ni para disponer de escombros y basuras, y tampoco tenía un plan de restauración y recuperación ambiental.
17 de Octubre 2012.- En la cantera El Diamante, ubicada en sector rural del municipio de La Calera (Cundinamarca), eran arrojadas toneladas de basura y escombros causando daños ambientales.
La Fiscalía comprobó que esa cantera no tenía permisos para la explotación minera, ni para disponer de escombros y basuras, y tampoco tenía un plan de restauración y recuperación ambiental.
Tales anomalías desembocaron el 29 de marzo de 2012 en la condena a Carlos Alberto Rodríguez Muñoz, quien pagará ocho años y cuatro meses de prisión y multa de 227 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Al igual que Rodríguez Muñoz otras 20 personas han sido sentenciadas en lo corrido de 2012.
De acuerdo con las cifras manejadas por la Unidad Nacional de Fiscalías de Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente en el transcurso de este años se han adelantado 19 operativos contra la minería ilegal en zonas de alto impacto, durante los que fueron capturadas 108 personas, 78 de las cuales fueron imputadas por los delitos de exploración ilícita de yacimiento minero, contaminación por mercurio y daño en los recursos naturales.
La investigación liderada por el Cuerpo Técnico de Investigación respaldó la decisión de los jueces de proferir detención preventiva a 60 personas. De esos procesados 48 fueron llevados a centro carcelario, otros 8 están detención domiciliaria y 4 no tienen medida restrictiva de la libertad.
Los agentes del CTI destacados ante la citada Unidad Nacional han establecido que los municipios donde más se practica la minería ilegal son: Cáceres, Segovia, Tarazá y Sonsón (Antioquia), Santa Rosa de Viterbo (Boyacá), Armenia (Quindío), Norosí y Simití (Bolívar), Magui Payan (Nariño) y Yuto (Chocó).
Problema no solo jurídico
En la minería ilegal confluyen la obtención ilegal de títulos mineros, el no pago de regalías, el enriquecimiento ilícito, el lavado de activos y vulneraciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas y afrodescendientes que habitan las zonas azotadas por ese problema.
La Fiscalía adelanta 795 procesos en etapa de indagación. El departamento que tiene más casos es Caldas con 159, le siguen Córdoba y Quindío con 89 y 39 procesos, respectivamente.
El propósito de la Fiscalía es aumentar la cobertura de su acción contra la minería ilegal, para ello se estudia el proyecto de crear una red de fiscales ambientales que facilitaría, entre otros aspectos, el intercambio de información de procesos en todo el país.
Fiscalía General es consciente de que la acción judicial no es suficiente para evitar el deterioro de los recursos naturales, por lo que exhorta a los organismos del orden nacional, departamental y municipal a desarrollar acciones que neutralicen los daños al medio ambiente.
El Heraldo de Colombia
Portal Minero
