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Colombia

bajada

20 de Junio de 2012.- Dos sentencias judiciales incumplidas que ordenaban aplicar medidas inmediatas para evitar la explotación minera ilegal en la zona de reserva forestal de los cerros orientales de Bogotá tienen en líos disciplinarios al director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y Bogotá (CAR), Édgar Alfonso Bejarano Méndez.


La Procuraduría le abrió pliego de cargos por permitir que la empresa Palo Alto explotara como cantera 165 hectáreas entre Bogotá y La Calera (a espaldas de la carrera 7a. entre calles 153 y 168) y no haber recuperado el bosque.

"Al director de la CAR le correspondía asegurarse de que la extracción minera del concesionario en La Calera cumpliera las normas ambientales y velara por la protección del medio ambiente", señaló la Procuraduría.

La acusación deja a Bejarano al borde de una destitución e inhabilidad para ocupar cargos públicos por más de 10 años.

Además, en diciembre pasado le fue abierto otro proceso disciplinario por los estragos del invierno en las sabanas de Bogotá y Ubaté.

En este caso, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional ordenaron hace cinco años la implementación de un plan de manejo ambiental y la reintegración al área de reserva. Sin embargo, inspecciones de la alcaldía local de Usaquén probaron que las medidas no se cumplieron.

Entre el 2007 y el 2011 la extracción de arena y grava continuó pese a las prohibiciones. La empresa sacó hasta 60 camiones cargados con material de construcción sin que la CAR evitara el desastre ecológico e impusiera sanciones, señalaron los informes.

Bejarano Méndez, señaló la Procuraduría, tenía la facultad de ordenar medidas de policía, imponer multas y pedir investigaciones para reparar los daños causados por los dueños de las minas.

Podrían ser diez años de destitución

Las dos sentencias judiciales incumplidas que ordenaban evitar la explotación minera ilegal en la zona de reserva forestal de los cerros orientales de Bogotá dejan a Édgar Alfonso Bejarano, director de la CAR, cerca de una posible destitución e inhabilidad para ocupar cargos públicos por más de 10 años.

El Tiempo
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