Las salmueras de la oportunidad

Bolivia

27 de Enero de 2010.- Según estudios recientes, en total se han identificado 13 lagunas de salmueras en los salares de Uyuni (más de 10 mil Km2), Coipasa (3.300 Km2), Chiguana (415 Km2), Empexa (158 Km2) y Chalviri (155 Km2) que podrían producir unas 40 Tn de carbonato de litio al mes a partir del año 2014. A partir de ese año, la Planta Piloto que entrará en funcionamiento entre el primer y segundo trimestre de este año deberá haber probado la viabilidad y factibilidad de la industria del litio y sus derivados, dando paso a un proceso de producción más sofisticado con una Planta industrial que demandará unos 250 millones de $us de inversión al Estado boliviano.

Desde el 2008 varias corporaciones internacionales se han acercado a conversar con el gobierno de La Paz para intentar hacerse de los derechos de explotación de los recursos evaporíticos que contiene el Salar de Uyuni. Firmas como Mitsubishi, LG y Bolloré de Francia expresaron sus intenciones de intervenir en Bolivia, sin embargo el gobierno de Evo Morales decidió en última instancia que la industrialización de los recursos evaporíticos nacionales se hará en dos etapas distintas.

En una primera etapa el Estado producirá carbonato de litio y quizás cloruro e hidróxido del mismo elemento con recursos propios. Posteriormente, el gobierno nacional analizará posibles interesados para formar una sociedad estratégica de industrialización con empresas transnacionales para producir litio metálico y por tanto baterías para el exigente mercado de los dispositivos electrónicos y automotores.

Actualmente se encuentran avanzadas en un 60% las investigaciones del Comité Científico internacional que estudian las propiedades de los recursos evaporíticos bolivianos, en especial el litio y potasio con miras a la puesta en marcha de la Planta Piloto este 2010. Hasta diciembre, según el Ministro de Minería, Luis Alberto Echazú, la infraestructura de la Planta Piloto había avanzado en un 45%, ratificando la voluntad del gobierno central de impulsar el desarrollo del país bajo el control absoluto del Estado.

El sector minero boliviano experimentó un significativo crecimiento entre el 2008­2009, pese a los golpes de la crisis internacional sobre la demanda mundial de materias primas. Según el Ministerio de Minería, las exportaciones del país crecieron de 2.012 millones de $us en 2008 a 2.055 millones de $us en el 2009 con una producción de 21.812 TM de minerales.

Estas buenas cifras parecen poner muy optimista a la Administración de turno. Incluso desde la Dirección Nacional de Recursos Evaporiticos (DNRE), dependiente de la COMIBOL se anuncia que para el próximo quinquenio (2010­2015) a través de una política fiscal estatal el Estado pretende iniciar la producción de carbonato de litio en la Planta Piloto ubicada en Uyuni, y posteriormente, implementar una industria paralela para la explotación y producción de insumos para la extracción del yacimiento.

Con este fin será ejecutado el proyecto que consolidará un conocimiento más profundo de las riquezas que encierran las salmueras y lograr una tecnología totalmente apropiada a las condiciones naturales de la región altiplánica del sur de Potosí, que permita alcanzar un aprovechamiento óptimo, científico y tecnológico.

Pero además la DNRE menciona el interés de algunos países sudamericanos, entre ellos Brasil y Venezuela de comprar cloruro y sulfato de potasio a Bolivia una vez el país esté en condiciones de exportarlos. El Secretario General del Comité Científico internacional conformado por expertos de Francia, China, Corea del Sur, Alemania, Estados Unidos y otros más, Guillermo Roelants señaló que el potasio es un elemento muy abundante en las salmueras bolivianas. El aludido precisó que existe 20 veces más potasio que litio en Bolivia, sin embargo los precios marcan la diferencia.

Mientras que el potasio se cotiza actualmente a 550 $us la Tn, el litio vale 5.500 $us la TN. Básicamente Bolivia podría edificar una base industrial superior a los 150.000 millones de $us si llegase a industrializar el litio, potasio y sus derivados en el mediano plazo.

Aquello es una buena perspectiva, pero hay factores críticos que dejan un margen de pesimismo al respecto.

Por un lado, el actual y los anteriores gobiernos bolivianos siempre han jugado a empujar la economía nacional con oportunidades de corto plazo. Si bien el Presidente Evo Morales ha enfatizado que su Administración se empeñará en industrializar los recursos naturales del país, el marco jurídico que su gobierno promueve impone condiciones duras a la inversión extranjera. En el discurso, el gobierno de La Paz redunda en la búsqueda de socios, sin embargo en 4 años ha convertido a las empresas petroleras internacionales en simples operadoras de servicio, tal como lo hiciera PDVSA en Venezuela.

Es difícil prever si las grandes transnacionales interesadas en asociarse con Bolivia por el litio podrán someterse a tal condición, más aun cuando se proyecta que la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobará un paquete de 100 leyes que otorgarán más poder al Estado y sus facciones corporativas sindicales que lo mantienen cooptado desde el 2006.

Por otro lado el mundo le demuestra a Bolivia que no tiene el monopolio de recursos naturales estratégicos. El año pasado la firma minera Piero Sutti descubrió el primer yacimiento de litio en el Estado de Zacatecas en México. El depósito de 50.000 hectáreas contendría unos 800 millones de kg de litio (800.000 Tn) que pondrían a México en el mapa de naciones que hacen negocios con este elemento. En Argentina recientemente la proveedora de Toyota Corporation, Tsusho Corporation encargó unos estudios valorados entre 100 a 120 millones de $us para analizar la viabilidad de inversión en yacimientos de litio en el norte argentino, y por tanto tener el control de una parte de las reservas en este país para la próxima generación de automóviles híbridos que afianzarán la carrera automotriz en el futuro cercano.

En Bolivia se avanza a paso discreto en la industrialización de los recursos naturales, con el mismo ritmo que marca la capacidad estatal de invertir y aportar con tecnología para dar un salto en el desarrollo nacional.

El salto de la industrialización es una panacea que debe lidiar con muros culturales muy sólidos en la cosmovisión rural boliviana. La CPE establece que los pueblos originarios y campesinos tienen derecho a la consulta pública para explotar cualquier recurso natural que se encuentre en el suelo o subsuelo de sus territorios. La Ley de Hidrocarburos vigente ratifica este derecho en dos etapas; antes de la convocatoria y licitación, y con anterioridad a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental. Estos derechos consolidados se han renovado de la vieja legislación bajo la denominación de CONTROL SOCIAL.

Estos blindajes jurídicos constituyen fundamentalmente una reivindicación histórica de los excluidos, pero en la realidad objetiva están representando dolores de cabeza al gobierno boliviano para acelerar la explotación de gas y petróleo en algunas regiones del país. En el norte de La Paz, campesinos de la comunidad Apolo han complicado las tareas exploratorias de PETROANDINA (SAM YPFB­PDVSA). Situación similar ha estallado recientemente en las regiones de Nor Yungas (norte de La Paz) y Andacaba de Potosí donde trabajadores mineros amenazan enfrentarse con comunarios locales que han avasallado yacimientos de estaño y zinc en esas zonas.

El Control Social será profundizado y fortalecido con una ley que permitirá la intervención directa de organizaciones sociales en la gestión pública. Esta ley ha sido promovida y consensuada entre Estado­Sociedad civil representada a través de los grandes gremios que aglutinan a los sectores populares de Bolivia.

La nueva legislación empoderará a los sectores corporativos populares del país, sin embargo el gobierno central pretende imponer salvaguardas a esta condición recortando el plazo de las consultas públicas con las poblaciones originarias y apelando a la figura personal del liderazgo de Evo Morales.

Hablar de Control Social puede ser un tema candente en el terreno de los negocios. Con tantos recursos naturales esperando su explotación e industrialización, al Estado boliviano le será muy difícil practicar gimnasia empresarial con interlocutores que representan la pobreza extrema en todas sus formas.

La ideologización de la economía corroe las esperanzas del salto industrial boliviano. En todo caso, el gobierno actual deberá prever potenciales situaciones críticas en las que un posible acuerdo con indígenas y campesinos quede estancado. En tal contexto, las salidas salomónicas o la fuerza de coerción estatal deberán imperar para enlazar los grandes negocios que pueden aliviar las penas del subdesarrollo boliviano (HidrocarburosBolivia.com).

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