Chile
25 de Marzo de 2010.- Frente al debate sobre eventuales alzas de impuestos a la minería, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Alberto Salas Muñoz, precisa lo siguiente:
“La minería chilena ha crecido de manera fuerte y sostenida en las últimas décadas. En el último quinquenio, generó el 18,8% del Producto Interno Bruto y más del 60% de las exportaciones totales, y contribuyó con el 25,1% de la totalidad de los ingresos fiscales.
Según datos de la Dirección de Presupuestos, en el período 20052009 la minería privada aportó por concepto de tributación US$18.000 millones, de los cuales US$3.000 correspondieron al impuesto específico a la minería. Es más, de mantenerse precios del cobre por sobre los US$3 la libra, la industria minera aportaría al fisco los próximos cuatro años recursos por sobre US$45.000 millones por concepto de tributación y excedentes de Codelco.
Estos indicadores en sí mismos no expresan sin embargo todo el aporte de este sector productivo al crecimiento económico y social, particularmente a las regiones y comunidades en que realiza su labor. Un solo ejemplo de esto es la disminución sostenida de la pobreza de la Región de Antofagasta, que pasó de un 34,2% de la población viviendo en condiciones de pobreza en 1990 a un 7,3% en 2006, y un ingreso per cápita que alcanza a US$27.000 anuales, sólo comparable con naciones desarrolladas.
A futuro, las proyecciones de la industria son auspiciosas. Se estiman inversiones por US$45.000 millones para el período 20102017, de los cuales US$12.000 serán invertidos por Codelco y US$33.000 por el sector privado.
Una vez que dichos proyectos de inversión se materialicen, Chile incrementará su producción de cobre desde las actuales 5.400.000 toneladas a 7,7 millones en 2017, mientras que en el caso del oro pasaremos de 40 a 100 toneladas. Importantes incrementos en la producción también tendrán la plata, el hierro, el litio y el potasio.
El extraordinario desarrollo alcanzado por la minería chilena, que a nivel mundial nos sitúa como una verdadera potencia, se explica, fundamentalmente, por un marco de políticas globales y sectoriales que ha proporcionando condiciones de competitividad y confianza a los inversionistas.
El conjunto actual de políticas públicas ha entregado garantías de confianza, estabilidad y seguridad, elementos claves para atraer las inversiones que en esta actividad son cuantiosas y de largo plazo de maduración. En el ordenamiento regulatorio sectorial, destaco particularmente la Ley sobre Concesiones Mineras y el Código de Minería. Esta normativa ha establecido claramente el derecho de propiedad sobre las concesiones mineras.
Adicionalmente, han sido cruciales la estabilidad institucional, social y política del país; la protección de la propiedad privada; los equilibrios macroeconómicos; la libre competencia en todos los sectores; la apertura al comercio internacional y las garantías de no discriminación sectorial y de estabilidad tributaria que ha otorgado el Decreto Ley 600 a la inversión extranjera.
De ahí que, frente al debate surgido sobre la idea de modificar la carga tributaria de las empresas para enfrentar la reconstrucción, resulta prudente reflexionar acerca de la conveniencia de alterar las reglas del juego para el sector con el consiguiente impacto en nuestro potencial de inversión, crecimiento y competitividad y, adicionalmente, repercutiendo negativamente en nuestra imagen de estabilidad y seriedad.
El sector empresarial, y la minería en particular, están absolutamente sensibilizados respecto al profundo impacto humano, social y económico que ha acarreado este desastre para nuestro país y, por cierto, nuestras empresas han hecho importantes aportes para ir en ayuda de personas y pueblos afectados por el terremoto.
No obstante, creemos que, tal como coinciden algunos sectores, la mejor forma de alcanzar la recuperación es apostando por altas tasas de crecimiento que nos permitan avanzar decididamente por el camino del desarrollo, y no insistir en alzas impositivas, muchas veces discriminatorias, que entraban el accionar del sector privado y generan desconfianza e incertidumbre (Sonami).
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