Doe Run planteó a MEM modificación legislativa para definir contrato de constitución de garantías

Perú

1 de Junio de 2010.- La empresa minera Doe Run Perú planteó observaciones e incluso una modificación legislativa para definir el Contrato de Constitución de Garantías a favor del Estado peruano que, de no resolverse, dilataría el proceso de negociaciones con el Poder Ejecutivo, informó el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

“Doe Run llegó al ministerio para continuar las negociaciones pero con una carta de respuesta a la última versión corregida del contrato de garantías que se le envió el pasado 19 de mayo. En este documento la empresa planteó cuatro observaciones”, indicó el director general de Minería del MEM, Víctor Vargas.

Precisó que el MEM no aceptó la primera observación realizada por la compañía minera pues requiere cambios a la Ley Nº 29410, que prorroga el plazo para el financiamiento y la culminación del proyecto de la Planta de Acido Sulfúrico y la modificación del Circuito de Cobre del Complejo Metalúrgico de La Oroya.

Explicó que la empresa pidió que se modifique el artículo tercero de dicha norma, que establece que Doe Run presentará las garantías para respaldar el íntegro del cumplimiento de los plazos, compromisos e inversiones del proyecto.

“Pero la empresa no quiere que se pongan plazos, compromisos e inversiones, quiere que la ley sólo diga que las garantías respaldan el cumplimiento del término del proyecto de planta de ácido sulfúrico”, indicó.

Sin embargo, aclaró que esta petición no es factible pues se necesita modificar la ley y eso sólo lo puede hacer el Congreso de la República.

“Esto requiere una modificación legislativa y no es factible. Entonces les hemos propuesto alternativas de solución y ellos harán la evaluación al respecto con su casa matriz”, apuntó.

Vargas destacó, sin embargo, que durante la reunión de hoy se lograron resolver tres de los puntos que la empresa propuso, entre ellos el período de ejecución de las garantías, que deberá cumplirse en un plazo de 30 meses, es decir, al 27 de marzo del 2012.

Explicó que las garantías que la empresa ofreció al MEM son los bienes muebles e inmuebles del Complejo Metalúrgico de La Oroya, lo que fue aceptado y plasmado en el contrato de constitución de garantías.

Sostuvo que los activos de Doe Run están valorizados en más de 614 millones de dólares, y si al término de los 30 meses de plazo la empresa no cumple con el contrato, el MEM ejecutaría garantías por 250 millones.

“El objetivo de la ejecución de garantías sería tener los recursos que cubren el 100 por ciento del proyecto, que suman 163 millones de dólares”, indicó.

El segundo punto que planteó Doe Run y que quedó resuelto fue su participación en los remates judiciales en el caso de que incumpliera el contrato y el MEM decidiera ejecutar las garantías.

“Doe Run proponía su participación o de otra de sus empresas afiliadas en el remate de las garantías, lo cual no permite la ley, el deudor no puede participar en este proceso. Ese tema ya quedó resuelto también”, dijo.

Otra observación solucionada se refería a la sesión de garantías pues el MEM planteó la potestad de ceder éstas a un tercero, de considerarlo pertinente.

“Doe Run hizo la observación que esto se tendría que dar con consentimiento de ellos, entonces hemos acordado que el MEM podría ceder las garantías sólo a las empresas del Estado”, precisó Vargas.

La reunión tuvo como objetivo que los asesores legales de ambas instituciones analicen los detalles del contrato a fin de culminar este tratado para ser firmado, al día siguiente, en la Comisión de Energía y Minas del Congreso.

Pero esta meta no se cumplirá por las nuevas observaciones realizadas por los representantes de Doe Run, liderados por su gerente general, Juan Carlos Huyhua, y por sus asesores legales.

“Mañana (martes) expondremos estas observaciones y los avances del contrato de constitución de garantías en el Congreso, ante las autoridades locales, trabajadores y parlamentarios”, comentó.

Subrayó que el MEM tuvo toda la voluntad de avanzar en las negociaciones, y la solución a tres de las cuatro nuevas exigencias de Doe Run lo demuestran (Andina).

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