Doe Run revive en Perú los fantasmas del rechazo a la gran minería

Perú

15 de Junio de 2010.- La empresa Doe Run, propiedad del magnate estadounidense Ira Rennert, ha revivido en Perú los peores fantasmas que estigmatizaban a la gran minería: contaminación, incumplimiento de obligaciones y una actitud que llega a retar a las autoridades gubernamentales.

La empresa está hoy en el centro de la polémica después de que sus trabajadores en La Oroya, 185 kilómetros al este de Lima, se declararan en huelga para exigir la reapertura de la planta.

Doe Run Perú, que cuenta con unos 3.000 trabajadores, opera el Complejo Metalúrgico de La Oroya desde 1997, y la mina Cobriza, en la región Huancavelica, desde 1998, donde produce principalmente plomo, zinc, cobre, plata y oro.

A partir de la crisis financiera internacional, la minera paralizó el año pasado sus operaciones en La Oroya aduciendo que no tenía recursos económicos suficientes, después de que se le suspendiera un crédito de un conjunto de bancos extranjeros.

Antes de esa medida, la empresa había pedido repetidas veces que se postergue el plazo para cumplir con su Plan de Adecuación y Manejo Medioambiental (PAMA) en La Oroya, una localidad considerada entre las cinco más contaminadas del mundo.

Aunque la contaminación se originó mucho antes de la llegada de Doe Run, estudios especializados señalan que actualmente el 97% de los niños de hasta seis años tienen en La Oroya niveles elevados de plomo en la sangre y son propensos al cáncer.

Las acciones de grupos ambientalistas y sociales, y hasta la intervención del Tribunal Constitucional, no han evitado que estos índices se mantengan, hasta el punto de que se denuncia que la metalúrgica tiene emisiones de plomo once veces mayores que las del complejo de Doe Run en Herculaneum, Estados Unidos.

Además, en 2008 la prestigiosa revista peruana Caretas reveló que mientras Doe Roe argumentaba problemas financieros para cumplir con sus compromisos ambientales, Ira Rennet gastó 55 millones de dólares en comprar dos exclusivos departamentos en Manhattan.

Las dilaciones y exigencias de la empresa llegaron, al parecer, al tope el pasado fin de semana, cuando planteó una nueva agenda de cuatro puntos que llevó hoy al presidente Alan García a acusarla de querer "chantajear" a las autoridades peruanas.

Ya el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, había remarcado el último domingo que Doe Run ha incumplido "sistemáticamente" con sus compromisos.

Sánchez dijo que Doe Run ahora pide que el Estado modifique el contrato de privatización de 1997 para "blindar" a sus accionistas y afiliados ante las denuncias sobre responsabilidad ambiental y así librarse de los juicios que tiene en el exterior.

También pide que se le fraccione la deuda tributaria, que supera los 760 millones de soles (214 millones de euros).

Esta petición fue rechazada hoy por el primer ministro peruano, Javier Velásquez, quien afirmó que los abogados de Ira Rennert le plantearon un mecanismo de pago "inadmisible".

"Si debían un millón, pedían un año para pagarlo. Si debían cinco, requerían 5 años. Deben más de 700. ¿Se imaginan en cuántos años quieren pagar sus tributos?", declaró al dar a conocer que la empresa pretende pagar su deuda en más de 700 años.

La minera también ha solicitado mayor tolerancia en las exigencias de los estándares ambientales hasta la conclusión del proyecto del Circuito de Cobre y de la Planta de Ácido Sulfúrico de Cobre, que originalmente debían estar concluidos en 2008.

Doe Run exige, por último, que el gobierno exonere a la empresa de todas las multas que le ha impuesto el organismo supervisor por incumplir los compromisos establecidos en los últimos diez meses.

El presidente Alan García pidió hoy a los trabajadores de Doe Run que no caigan "en el juego de la empresa", y recalcó que su gobierno no puede "ser puesto contra la pared por una empresa que ha incumplido los plazos y las inversiones a las que se comprometió".

García destacó que existen otras grandes mineras, entre las que mencionó a Southern Perú, que ha invertido 500 millones de dólares para no contaminar el medio ambiente.

El Gobierno ha prometido no dar marcha atrás y ratifica que cerrará la planta y la someterá a un concurso público si no se reanudan las operaciones antes del 24 de julio.

De darse este caso, también se ofrece un proceso de reconversión laboral para reubicar a los obreros en otros proyectos mineros, aunque estos se niegan a abandonar una ciudad en la que, literalmente, han dejado la vida (ABC­Agencia).

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