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Juan Pablo León 
Ingeniero Comercial
Jefe Unidad de Estudios 
Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA).

Los acontecimientos que recientemente se han verificado en empresas de diversas regiones nos deben llevar a la reflexión para no repetir las divisiones del pasado y concentrarnos en profundizar los avances que ha logrado el país.

Para ello, es necesario tener presente que la legitimidad de las organizaciones y el derecho a representar los intereses y aspiraciones de las personas que las integran, surge del ejercicio responsable de su misión, sea ésta productiva, religiosa, sindical, políticas o de otro orden.

La capacidad de una sociedad de generar estas organizaciones que atienden las necesidades de los individuos, en forma permanente y responsable, es lo que diferencia a los países desarrollados de los subdesarrollados.

En el caso de las organizaciones productivas, se ha entendido que el Desarrollo Sustentable sólo es posible generarlo a través del crecimiento económico basado en modelos de Responsabilidad Social. De lo contrario, el crecimiento económico podría ser sólo una ilusión pasajera que se diluya por la falta de resguardo ambiental o por condiciones laborales o sociales que promuevan fisuras en el clima organizacional o inestabilidad del orden social, político o institucional. En este sentido, las empresas han evidenciado una modernización substancial, incorporando modelos, prácticas y estándares que claramente eran inexistentes hace pocos años atrás, aún cuando, razonablemente, algunos puedan considerar que éste es un avance insuficiente, que aún queda mucho por hacer o que no todas las empresas abrazan esta misma visión.

En este contexto, la minería ha sido pionera en muchos aspectos, tanto respecto de la calidad de vida laboral de sus trabajadores propios, como de los trabajadores de empresas contratistas, cuyas condiciones laborales son incuestionablemente mejores que aquellas de quienes se desempeñan en empresas similares, en otros sectores productivos y en otras regiones del país.

Sin embargo, ni el Desarrollo Sustentable ni la Responsabilidad Social son tarea exclusiva de las empresas, sino de todas las personas y las organizaciones sociales del país. Es así como a las organizaciones de trabajadores también se les debe demandar una actuación que respete los derechos de otras personas, trabajadores, comunidades y el entorno que pudiesen verse afectados por sus acciones reivindicatorias, por legítimas que éstas sean.

Baste recordar que el país ha realizado un esfuerzo enorme para recuperar la democracia y erradicar la violencia como mecanismo de solución de las controversias, de modo que no existe justificación alguna para que un grupo o persona se atribuya el derecho a utilizar la violencia como medio para lograr sus demandas o para sentarse a negociar sus puntos de vista.

La acción de los distintos órganos del Estado es fundamental a objeto de conducir los procesos dentro del marco institucional y legal.

El sector político, luego de ser un actor fundamental en la consolidación de la democracia y la erradicación de la violencia, debe esforzarse en ese mismo rol, y evitar dar señales que puedan interpretase como un consentimiento a conductas equivocadas que tanto daño le hicieron al país en el pasado.

Portal Minero

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