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Ricardo Torres, Gerente General de Carbo Ambiente

Desde hace sólo un par de meses la estrategia energética de Chile ha sido objeto y comentarios de la opinión pública como nunca antes. La central hidroeléctrica Hidroaysén puso en relieve que un tema tan estratégico como la disponibilidad de energía para el crecimiento del país puede chocar con intereses tan válidos como su impacto en la ecología – y economía – de la zona donde se realizaría el proyecto, la Patagonia chilena.

Nuestro país cuenta con una necesidad de energía que es real y que va en constante crecimiento. Qué tipos de energía debemos usar ya no es una cuestión que puede definir y resolver el Estado, sino la ley establece que es una prerrogativa exclusiva de los inversionistas privados. ¿Es bueno para el país y el bien común que sea así? Pienso que no, ya que los proyectos energéticos son aprobados generalmente por variables económicas y no por variables estratégicas, medioambientales y sociales. ERNC como la eólica, solar, geotérmica, biomasa, hidroeléctricas de pasada y mareomotriz tienen costos de inversión que pueden ser similares a los de fuentes convencionales, pero el problema es su alto riesgo financiero, lo que a la larga termina empujando a los inversionistas a elegir aquellos proyectos que más rentabilidad les da con el menor riesgo posible. Esas son las reglas del sistema, nos guste o no. ¿Acaso eso libra de culpa a los inversionistas por no preocuparse en mayor medida por el medio ambiente y el cambio climático, y sólo privilegian sus propios beneficios? Por supuesto que no. Ellos saben muy bien que hay un tremendo impacto social, ecológico y climático y que todos nosotros y nuestra descendencia deberemos pagar por ello.

Un ejemplo concreto de que sí hay potencial real en las ERNC está en que Bosquemar construirá en Lebu el complejo eólico más grande de Sudamérica con 540 MW instalados, que equivale a lo que generaría la primera etapa de Hidroaysén. La inversión será de más de 1.200 millones de dólares, financiados en parte por la venta de bonos de carbono bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y que permitirá dar numerosos puestos de trabajo en una zona deprimida por el desempleo.

Quienes deben mostrar el camino hacia la real sustentabilidad son los líderes y visionarios de la industria, sean estos de capitales nacionales o internacionales. Un ejemplo claro de esto es el plan actual de sustentabilidad de Collahuasi. La tercera compañía minera más grande del país está en un proceso de licitación de 30.000 MWh de ERNC, algo inédito en la minería y en la historia de nuestro país. Empresas tan importantes como Codelco y Escondida tienen políticas de sustentabilidad robustas y eficientes, han medido su huella de carbono y tienen planes concretos y ambiciosos de eficiencia energética, lo que no sólo reduce su impacto climático, sino que disminuye sus costos operacionales.

Lo anterior es un claro ejemplo de lo que podría ser el futuro de la minería en Chile. Tenemos la oportunidad de contar con energía en abundancia y barata, de fuentes inagotables y de bajo impacto ecológico y climático.

El sector minero, literalmente, mueve montañas. Está llamado, una vez más, a ser el precursor de uno de los cambios más profundos de nuestra historia.

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