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Bolivia

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04 de Julio de 2012.- El grupo indio Jindal Steel and Power Limited (JSPL) condicionó el martes la continuidad de sus inversiones en El Mutún, para la explotación e industrialización de hierro, al cumplimiento de las obligaciones contractuales y seguridad jurídica que ofrecieron las autoridades bolivianas.

Esa compañía señaló, en un comunicado de prensa, que a comienzos de junio envió una carta a la estatal Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) informándole sobre su intención de terminar con el Contrato de Riesgo Compartido Mutún, debido al incumplimiento de sus obligaciones y deberes "indispensables" para desarrollar ese proyecto.

"Pese a haber sido legalmente notificados, ni la ESM ni las autoridades del sector de Minería, hasta el momento, han comunicado de manera oficial ninguna respuesta, ni mucho menos han solucionado sus incumplimientos en el Contrato de Riesgo Compartido", remarcó la empresa india.

La JSPL emitió el comunicado después que el ministro de Minería y Metalurgia, Mario Virreira, declaró ante la prensa que esa empresa abandonó "en la práctica" el país, porque no hay con quién negociar una solución a las divergencias y modificaciones de ese contrato.

"Jindal, en este momento, no tiene un representante legal en Bolivia. El señor Vikram (Gujral, su presidente) ha desaparecido, no sabemos dónde está", justificó Virreira.

En contrapartida, la siderúrgica hindú afirmó que los principales ejecutivos de Jindal Steel Bolivia, filial de la JSPL, no han recibido ninguna invitación oficial del Gobierno para negociar y buscar soluciones conjuntas.

"Lamentamos que representantes del Gobierno de Bolivia se limiten solo a realizar declaraciones de prensa, en lugar de proponer soluciones para un proyecto multimillonario que beneficia al país", anotó.

La JSPL se adjudicó en 2007 el proyecto siderúrgico del Mutún, ubicado en el departamento de Santa Cruz, con la promesa de invertir 2.100 millones de dólares para la explotación de ese mega yacimiento de hierro, pero el incumplimiento de las inversiones comprometidas le costó, hasta mayo último, la ejecución de dos boletas de garantía por 36 millones de dólares.

Al respecto, Jindal señaló que las boletas de garantía fueron ejecutadas por la ESM cuando las obligaciones contractuales de Jindal se encontraban suspendidas.

Asimismo, mencionó que hasta el presente la "persecución penal" iniciada de oficio por un Fiscal de la Paz, contra los principales ejecutivos de Jindal, por incumplir el contrato de inversión, no ha sido retirada o dejado sin efecto, pese a la promesa de altas autoridades.

"Las circunstancias citadas nos obligan a manifestar públicamente que Jindal actualmente no encuentra en Bolivia la seguridad jurídica necesaria para seguir realizando inversiones. Esperamos que las autoridades bolivianas y principalmente la ESM cumpla sus obligaciones contractuales permitiendo de esta manera la continuidad del proyecto siderúrgico", remarca el comunicado de la JSPL.

FMBolivia.com.bo
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